Con el fin de compensar parcialmente la falta de energía que afecta a cerca de 600 mil usuarios en Nicaragua, la española Unión Fenosa, responsable de la distribución de energía eléctrica en este país, acaba de comprar 40 megavatios en el mercado centroamericano.
A través de un comunicado, la firma española, no precisó a qué países comprará energía, pero confirmó que la medida le permitirá “causar menos afectaciones a los clientes” que desde hace tres semanas están sufriendo prolongados cortes de hasta ocho horas.
El déficit energético se debe a fallas en las centrales Unidad Uno de la planta Nicaragua, que forma parte de la empresa privada Generadora Occidental, S.A. (Geosa); y de Las Brisas Dos, que forma parte de las generadoras de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel).
A estos problemas se suma una crisis de abastecimiento que tiene operando parcialmente las centrales hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara de la Generadora Hidroeléctrica S.A. (Hidrogesa), por causa del bajo nivel de agua del lago Apanás.
Sin embargo, medios nicaragüenses atribuyen los cortes a las deudas que Fenosa acumula con generadoras locales. Por esta razón, una de ellas, Geosa, decidió apagar intencionalmente una de sus unidades, alegando problemas de pagos por parte de la distribuidora eléctrica española, según informes extraoficiales.
Para resolver este problema, el Gobierno de Nicaragua envió al Parlamento un proyecto de ley urgente para otorgar US$ 9 millones a la española Unión Fenosa, con el fin de que financie medidas para paliar el déficit de energía.
Los fondos serán entregados a Unión Fenosa a través de la emisión de letras del tesoro, informó el presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Ernesto Espinoza, quien explicó que la situación que atraviesa la empresa española es producto de que en el pasado las autoridades no aprobaron “los ajustes tarifarios adecuadamente”, lo cual ocasionó que la empresa dejara de recibir unos US$ 18 millones.
Un monto que según el presidente de la CNE, la firma española debiera recuperar en un período de 12 meses, siempre y cuando los legisladores nicaragüenses aprueben la iniciativa antes del descanso parlamentario que comienza el 17 de agosto y finaliza el 16 de septiembre.
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