Hacía falta conocer el por qué del silencio que repentinamente sucedió a toda aquella protesta que se generó a raíz del alza de precios del gas Argentino a nuestro país. Hasta ahora había pagado el pato de la boda el nuevo precio que impuso Bolivia a Argentina. La cortina se comienza a descorrer a raíz de una presentación a la justicia Argentina, que hacen dos abogados, a fin de que se realice una investigación federal para determinar que la “subfacturación” del gas natural que la República Argentina vende a Chile agravia al patrimonio de ese país, ya que en ello intervienen empresas vinculadas de diversas formas entre sí, tanto argentinas como chilenas, todo ello mediante la acción o por la inacción de funcionarios de gobierno.
Cabe puntualizar - afirman los abogados - que la devaluación de la moneda argentina y la “pesificación” dispuesta respecto de las tarifas de los servicios públicos, no puede considerarse extensiva a beneficio de un país vecino, ya que ello implica lesión patrimonial evidente para el pueblo argentino.
Claro, nosotros podríamos estar felices de que los argentinos subsidien el precio del gas que nos vende, ¿Excelentes vecinos? Pero, se beneficia el pueblo de Chile de este subsidio. La respuesta a ello es que se configura un gran escándalo de miles de millones de dólares en utilidades que ganan las empresas del gas a costa de ambos pueblos.
En Argentina son apenas 8 empresas las que acaparan este negocio siendo, las principales operadoras de yacimientos y de la producción REPSOL YPF y PLUSPETROL - TOTAL AUSTRAL - PANAMERICAN. Las transportadoras son prácticamente las mismas, incluyéndose en ellas las chilenas METROGAS - ENDESA - GASCO. Estas últimas son las mismas empresas chilenas, que junto a otras 7, importan el gas argentino.
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