El ministro de Hidrocarburos de bolivia, Andrés Soliz ha acusado a Repsol-YPF y a Petrobras de estafa por un contrato que suscribieron ambas compañías en 2002 y que congeló el precio del gas explotado, lo que supuso que el Estado dejara de recibir cerca de 161 millones de dólares (unos 137 millones de euros).
La situación fue descubierta tras el nombramiento de los nuevos directores de la petrolera Andina, dentro del proceso de nacionalización de hidrocarburos que lleva adelante el gobierno de Evo Morales. Andina es una empresa mixta controlada por Repsol-YPF desde una privatización ejecutada en la década pasada, por lo cual la mitad de los fondos que se dejaron de percibir hubiesen correspondido a la filial de la empresa española en Bolivia. El resto, según Soliz, "ha sido un perjuicio a la ciudadanía boliviana", ya que el Estado es titular del 48% de las acciones.
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