Fuentes próximas al caso han asegurado que los responsables de Repsol-YPF están negociando un acuerdo con las tres firmas de abogados que la denunciaron entre finales de enero y principios de febrero del 2006 por el ajuste de sus reservas probadas en 1.254 millones de barriles de petróleo, lo que supuso una reducción del beneficio de 2006 de unos 200 millones de euros, según datos de la empresa.
En concreto, entre el 31 de enero y el 10 de febrero, los bufetes Schiffrin & Barroway, Federman & Sherwood y Charles J. Piven acusaron a Respol YPF de haber difundido "declaraciones erróneas y falsas con objeto de inflar artificialmente el valor de la acción". En concreto, la firma de abogados Schiffrin & Barroway denunció a Repsol por no haber reconocido que sus cifras de reservas habían sido "exageradas", así como que los cambios legales en Bolivia le perjudicaban y que también tenía graves problemas en Argentina.
Repsol-YPF inició una investigación interna exhaustiva para analizar el motivo por el que sus reservas se habían inflado un 25% y depurar responsabilidades en el caso de que las hubiera. La petrolera finalizó su informe, basado en un estudio de una de las mayores consultoras de Estados Unidos, King & Spalding, con la conclusión que el grave problema se debió a un desconocimiento de la legislación internacional. El grupo presidido por Antonio Brufau determinó que no era necesario pedir ningún tipo de responsabilidad al anterior equipo directivo –Alfonso Cortina- durante cuyo mandato se produjo el ajuste de las reservas.
Sin embargo, según fuentes jurídicas, este informe no convenció a los inversores americanos que denunciaron a Repsol YPF, por lo que continuaron con sus requerimientos ante la justicia estadounidense y ante la Securities Exchange Comision (SERC), el organismo que regula los mercados de valores americanos. Según otras fuentes, los pleitos podrían cerrarse con una indemnización a favor de los accionistas de la petrolera.
El precedente de Shell
Si Repsol YPF termina pagando a los inversores, será la primera vez que una compañía española indemniza a unos accionistas por un problema en las cuentas. Sin embargo, estos procesos suelen ser muy habituales en Estados Unidos. El caso más reciente es el de la también petrolera Shell, que ha ofrecido a sus inversores unos 350 millones de dólares, cerca de 262 millones de euros, para zanjar las demandas.
El grupo energético sorprendió al mercado en 2004 cuando anunció que sus reservas probadas de petróleo eran un 23% inferiores a las que habían publicado hasta ese momento. El escándalo y las investigaciones del regulador estadounidense costaron el cargo a tres altos ejecutivos de la petrolera y provocó que se desplomaran las acciones.
Los inversores interpusieron una serie de demandas en Europa y EE UU para que les indemnizaran por la pérdida de valor de las acciones, un caso similar al de Repsol, que hasta hace bien poco no había recuperado en bolsa el precio al que cotizaba el día anterior al reconocimiento del ajuste de sus reservas. Fuentes judiciales añaden que, como en el caso de Shell, se pretende cerrar los pleitos sin admitir un error en la gestión de la compañía.
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