Venezuela entraría en un incumplimiento de contratos de financiamiento de 4.000 millones de dólares si el Gobierno toma unilateralmente cuatro proyectos de mejoramiento de crudo del Orinoco, señaló la calificadora Fitch.
El Gobierno contempla realizar con las asociaciones de la Faja un proceso de migración de empresa mixta, con lo cual Pdvsa tendría la mayoría accionaria, sin embargo el proceso genera incertidumbre, a pesar de que las autoridades han dicho que cumplirán con las obligaciones financieras.
El analista de Fitch, Gersan Zurita, señaló que los préstamos incluyen restricciones sobre transferencia de dueños y que la violación de esos términos podría generar un incumplimiento. Expresó que "cualquier transferencia de propiedad de los socios, incluyendo a Pdvsa u otro, debería ser hecha de acuerdo con el llamado acuerdo de restricción de transferencia".
"Si esto se hace en violación con el acuerdo (...) esto sería un incumplimiento del acuerdo de financiamiento", agregó.
Esta restricción podría suavizar el tono de las autoridades energéticas venezolanas, que han anunciado que harán modificaciones en la legislación cambiando la participación accionaria más que negociar nuevos términos con las compañías.
Un ejecutivo de Pdvsa dijo a Reuters el mes pasado que el Gobierno tendría que pagar cientos de millones de dólares en multas si intentaba tomar los proyectos sin consentimiento de sus acreedores. No obstante, los accionistas que forman parte de Cerro Negro, Exxon Mobil y BP, esta semana manifestaron su intención de negociar con el Ministerio de Energía y Petróleo.
Fitch rebajó este mes la calificación de deuda de los cuatro proyectos, luego de que se anunció que un recorte de 138.000 barriles acordado para Venezuela en la OPEP vendría de la Faja del Orinoco.
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