En la danza de los millones de dólares otorgados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), vía contratos PIDIREGAS a poco más de tres mil empresas y consorcios privados, sólo 27 han sido las más beneficiadas porque concentran obras y trabajos con un valor de más de 21 mil 641 millones de dólares, más de la mitad de todo lo que distribuyeron los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox para construir infraestructura petrolera y eléctrica en los últimos 12 años.
Los contratos más valiosos, por el monto de recursos que representan, quedaron en manos extranjeras, según información proporcionada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Empresas multinacionales como Halliburton, Repsol Exploraciones, Dowell Schlumberger, Bergesen Worldwide Limited, Lewis Energy, Baker Hughes, Bosnor, Keppel Offshore and Marine USA, China Petroleum , entre otras, se apoderaron de los contratos de obra pública más importantes en la industria petrolera.
En total recibieron contratos por casi 13 mil millones de dólares.
La firma española Repsol Exploraciones de México, filial de Repsol YPF de la cual PEMEX es socia con el 5% de las acciones, ganó en noviembre de 2003 la licitación para la explotación del bloque Reynosa-Monterrey, productor de gas en la Cuenca de Burgos, en el noreste del país con un monto de dos mil 437 millones de dólares, el contrato más caro que haya otorgado PEMEX utilizando los controvertidos Contratos de Servicios Múltiples (CSM), que al final se convirtieron en deuda PIDIREGAS.
Dowell Schlumberger ocupa el segundo lugar con 119 contratos por prestación de servicios, incluidos trabajos también en la Cuenca de Burgos por dos mil 409 millones de dólares.
La petrolera norteamericana Halliburton, que estuvo encabezada en algún momento por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, obtuvo 91 contratos con un valor aproximado a los mil 411 millones de dólares, para la prestación de servicios y perforación de pozos en mar, según se desprende de algunos de esos contratos consultados en la página de internet de compranet.gob.mx
La empresa noruega Bergesen Worldwide Limited en sociedad con la firma consultora mexicana Blue Marine, la cual también ha obtenido otros contratos con sus subsidiarias Subtec y Arrendadora Ocean Mexicana, concentran nueve contratos con un costo de mil 330 millones de dólares, principalmente por la compra de un barco o unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO) que llegó a México para instalarse en el activo Ku-Maloo-Zaap, así como por los trabajos de operación y mantenimiento durante su vida útil.
La empresa mexicana y sus filiales están dirigidas por Antonio Juan Marcos-Issa, quien fuera coordinador de asesores y de proyectos especiales de la dirección general de Petróleos Mexicanos con Raúl Muñoz Leos, apenas hace cinco años y hoy realiza negocios con PEMEX.
Las favoritas del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub son españolas, pues de 134 contratos adjudicados en el sector eléctrico hasta el 31 de diciembre del 2006, cuatro son de origen español y concentran 40 contratos con un valor de cuatro mil 975 millones de dólares (55% de todo lo que se destinó a los programas de expansión de esta industria): ABB, Elecnor, Abengoa e Iberdrola.Esto sin considerar los contratos adjudicados para la construcción de centrales de ciclo combinado bajo el esquema de Productor Independiente, que supone inversiones actualizadas al 31 de diciembre del 2006 del orden de nueve mil 300 millones de dólares, en donde Iberdrola, Unión Fenosa, Techint, Alstom, Siemens, Mitsubishi, Transalta y Electricité de France acapararon los proceso de licitación.
Estas empresas producen hoy energía eléctrica y se la venden a la Comisión Federal de Electricidad en un negocio que este año les va a retribuir ingresos por casi cinco mil millones de dólares a las 21 plantas privadas que generan energía eléctrica.
Cabe señalar que fue con el ex presidente Vicente Fox cuando se detonó el mayor número de contratos en el sector energético por un monto total de casi 30 mil millones de dólares, haciendo valer sus tesis al afirmar que su “gobierno sería un gobierno para empresarios”; mientras que con Ernesto Zedillo la deuda contratada por la vía de inversiones financiadas alcanzó los ocho mil 35 millones de dólares.
El esquema financiero se diseñó dada la escasez de recursos públicos para invertir en la expansión de la infraestructura eléctrica y petrolera.
Las obras se encargaron a empresas privadas que utilizarían sus propios recursos y una vez entregadas obtendrían el pago con sus respectivos intereses.
Pero en este proceso, la empresa mexicana quedó a la zaga y condenada a asumir el papel de subcontratista: pocas, muy pocas pudieron asumir el liderazgo financiero y tecnológico para disputarle a las grandes multinacionales los vastos contratos de obra pública que se entregaron en los últimos dos sexenios, entre ellas ICA que encabeza el proyecto hidroeléctrico El Cajón que tiene un costo de 800 millones de dólares.Hoy, el empresario mexicano alza la voz, pero lo cierto es que no cuenta ni con el apoyo del gobierno federal.
La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusa a la Secretaría de Energía (SENER) de no fomentar la participación de compañías mexicanas en la construcción de infraestructura energética.
En el Informe de Revisión de la Hacienda de la Cuenta Pública 2005, la ASF asegura que a pesar de que en el Programa Sectorial de Energía 2001-2006, se estableció como objetivo estratégico impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura energética, la SENER como cabeza de sector, incumplió ese propósito en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
"Se solicitó a la SENER información sobre las metas y los resultados de los indicadores con que cuenta para medir el cumplimiento de dicho objetivo estratégico y se encontró que la dependencia no cuenta con un programa anual de trabajo para cumplir con el objeto de impulsar y fomentar la participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura eléctrica", cita por ejemplo.
El Secretario de Energía en turno, Fernando Elizondo respondió que una de las actividades realizadas por la dependencia para fomentar la participación de particulares u organismos privados en la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica fue la publicación de la “Prospectiva del Sector Eléctrico 2005-2014”, en el cual se incluye un apartado que muestra la capacidad adicional de generación no comprometida que se requiere para los próximos años.Pero la ASF fue enfática al señalar que el conjunto de proyectos que en ese documentó se evalúan, “no tienen definido el esquema de su financiamiento, por lo cual no queda preciso cómo es que con la publicación de ese documento se promueve la participación de empresas mexicanas en proyectos de infraestructura”, al menos en el sector eléctrico.
Por tanto, la ASF determinó que las acciones de fomento que realizó no permitieron valorar el grado de cumplimiento de dicho objetivo, debido a que no se dispusieron metas programadas para las actividades que realizó para esos fines.
Recomendó que la SENER instruya a quien corresponda para que se elaboren y desarrollen los programas anuales tendientes a impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura eléctrica, en cumplimiento de su Manual de Organización General.
Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la ConstrucciónCMIC), Netzahualcoyotl Salvatierra López hizo el reclamo que se repite año tras año: el empresariado mexicano está relegado y compite con grandes desventajas frente a los consorcios internacionales.
¿En dónde están las diferencias? Se pregunta para luego responder sin titubeo: en las tasas de interés que ellas consiguen con los financiamientos, pues la mayoría de las veces vienen subsidiadas al través de sus países de origen; el acceso al financiamiento y las garantías forman parte del fomento a la exportación de servicios de construcción en esos países.
Los propios gobiernos actúan como garantes de los créditos para las empresas extranjeras y entonces las inversiones vienen solventadas o sustentados los créditos desde el país de origen.
En el tema laboral las empresas mexicanas estamos seriamente limitadas, añadió. Urge una reforma estructural que nos permita privilegiar y fomentar la productividad, premiar y estimular la productividad de los trabajadores y en función de esto pagar; es decir, poder hablar de salario por hora o de otros esquemas que emplean países desarrollados con los que competimos.En materia fiscal hay una gran diferencia en la carga impositiva y la forma para poder pagar que se aplica a la empresa nacional frente a la extranjera, por eso hemos insistido en que a nosotros no nos parece adecuado el planteamiento del Impuesto al Activo a las empresas como una solución aislada.
Así, mientras que las extranjeras se apropian de los grandes contratos de obra pública, nosotros estamos discutiendo propuestas para incorporar a las mexicanas a un papel más activo y no como simples subcontratistas.
Estamos discutiendo cuáles van a ser los proyectos prioritarios y clasificar las obras del paquete que se pueden empezar a realizar este año o los siguientes, de 700 proyectos de infraestructura que pueden tener un horizonte de 25 años; estamos discutiendo la elaboración de paquetes presupuestales bianuales; elaborando diferentes esquemas de inversión; y, buscando que la banca de desarrollo actué como palanca como apoyo de la planta productiva nacional.
El ex presidente de la Federación Mexicano de Colegios de Ingenieros Civiles, Juan Villegas Arce comentó que en la capacidad de producción de la ingeniería mexicana, ahí estamos en condiciones de competir, porque aunque las multinacionales llegan a México con sus propios especialistas, finalmente las obras adjudicadas a las extranjeras terminan haciéndolas empresas mexicanas, “nada más que bajo la modalidad de subcontratación y en condiciones muy desfavorables para las compañías mexicanas”.
Sin embargo, reconoció que las medidas tomadas por el gobierno federal para atraer capital externo para la expansión de la infraestructura pública, son las que están sepultando y desalentando a la ingeniería civil en México.
Los esquemas de financiamiento y los modelos de contratos que diseñó y puso en operación el gobierno federal desde hace casi una década en materia de obra pública, están contribuyendo a desplazar la mano de obra especializada generada en el país así como a las firmas de ingeniería que han tenido que conformarse con el papel de subcontratistas en las grandes obras.
Arturo S. Rosales González, miembro honorario del Colegio de Ingenieros Civiles de México, puso al descubierto las inconsistencias de un esquema de contratación de obra pública que privilegia a las firmas de ingeniería extranjera sobre la mano de obra calificada mexicana, cuando se abre el horizonte de un fuerte impulso a la construcción de infraestructura con millonarias inversiones.
Explicó que el panorama para la ingeniería mexicana es poco halagador, pues de una capacidad de casi 20 mil horas-hombre que se tenía en 1994, ahora sólo están disponibles nueve mil horas-hombre; es decir, lo que supone una reducción de ingenieros en México de 55% en poco más de una década.“No es que México no tenga ingenieros, pero en este momento la ingeniería civil no es una atractiva oferta de trabajo para los egresados de las escuelas de educación superior, sobre todo si se toma en cuenta que los principales consumidores de este tipo de especialistas son las empresas paraestatales”, aseguró Rosales González.
Dijo que el esquema de alianzas que está fomentando el gobierno mexicano es sólo un espejismo, porque las grandes constructoras, sobre todo extranjeras, llegan con su personal y las empresas de ingeniería mexicana no son tomadas en cuenta como socios; y, contractualmente se continúa asignando el trabajo a la oferta de menor precio, lo que pone en desventaja a las firmas nacionales porque las foráneas operan con tecnología de punta que reduce de manera sustancial sus costos hasta 40%.
Por ello, constructores, cámaras industriales, asociaciones y colegios de profesionistas del país tienen lista una propuesta de proyecto para crear la Comisión Federal de Contrataciones Gubernamentales, que sería un organismo desconcentrado de la Contraloría, para promover la transparencia en los procedimientos de contratación y ejecución de los contratos de obra pública.
El presidente de la CMIC aseguró que con este nuevo organismo se busca además, limitar la participación de la industria extranjera para que las empresas mexicanas asuman un papel más protagónico en el desarrollo de la infraestructura nacional.
De acuerdo con el proyecto de Comisión Federal de Contrataciones Gubernamentales, se pretende una separación de las actividades normativas que sancionan a los servidores públicos, así como de las de vigilancia y fiscalización que hasta ahora inhiben a los propios servidores públicos para tomar determinaciones que aceleren la contratación de obra pública, debido a que actualmente "nadie mueve un dedo" hasta que no recibe luz verde por el temor a ser sancionado o separado de su cargo.
La comisión tendría la facultad de auxiliar a las dependencias y entidades a desarrollar adecuadamente sus procedimientos de contratación, mediante la realización de revisiones técnicas normativas, además de instruir procedimientos administrativos por infracciones e imponer a los interesados, licitantes y proveedores las sanciones que ameriten los casos que se presenten.
También tendría injerencia en los procedimientos y requisitos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su garantía.
Los constructores del país consideran también que el tema de contenido nacional no debe centrarse únicamente en el porcentaje de bienes y servicios que deben incorporar las empresas que obtengan las licitaciones de obra pública, sino también "incorporar la posibilidad de que demanden personal técnico, maquinaria y equipo de construcción nacional, así como materiales y equipo de instalación permanente de fabricación nacional".
Actualmente y de acuerdo a las disposiciones pactadas en los tratados celebrados por nuestro país con sus socios comerciales y resto del mundo, el contenido nacional que podrá solicitarse en las obras públicas no podrá ser mayor de: 25% para obras intensivas en capital, o de 40% para proyectos intensivos en mano de obra.
La CMIC, que agrupa a nueve mil empresas constructoras en todo el país, argumenta que cambios en esta materia deben contemplar otros factores básicos exigidos en la ley como identidad de oportunidades de financiamiento, de carga fiscal y de obligaciones patronales, pues estos tres conceptos le representan a la empresa mexicana una carga superior al 24.7% del costo total de cada proyecto, que supone una enorme desventaja frente a las empresas extranjeras que llegan con el apoyo financiero y fiscal de sus gobiernos de origen.Como quiera que sea, hasta ahora las empresas constructoras mexicanas continúan estando a la zaga a pesar de los esfuerzos por asumir un papel protagónico en el desarrollo de la infraestructura pública.
Por ejemplo, las empresas que han instalado patios en las costas mexicanas para construir plataformas tienen capacidad para fabricar 27.5 plataformas petroleras al año:
Bay-Inelectra puede construir dos al año, Bosnor dos, Cyemsa dos, Cigsa tres, CommsaComintersa una, Celasa dos, Dragados Offshore dos, ICA Flour Daniel cuatro, McDermott dos y Swecomex tres punto cinco plataformas anuales.
Sin embargo, las necesidades según la cartera de negocios de PEMEX son de 32 para este año: 23 de ellas son autoelevables, dos autopropulsables y siete semisumergibles y como la empresa mexicana no tiene capacidad suficiente para construirlas, se tiene que recurrir a compañías como Shaw Mexican Holding, Keepel Offshore and Marine y UPSTREAM (cuatro, Engineering que cuenta con infraestructura para construir este tipo de maquinaria en Nueva Iberia, Brownsville, Louisiana y Corpus Christy, Estados Unidos.
