Joan Clos, en la sesión de control al Gobierno. (BERNARDO PÉREZ)
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El Gobierno busca fórmulas para facilitar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa sin dañar el prestigio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en julio autorizó la operación con 19 condiciones a las que se opone Bruselas. La tarea no es fácil. Fuentes de la CNE admiten que en el consejo del organismo hay cierta inquietud por las repercusiones del caso en la imagen del organismo. Industria ha solicitado ya al órgano que preside Maite Costa que informe sobre la autorización condicionada que aprobó en julio para resolver los cinco recursos en contra planteados ante el ministerio, entre ellos el de E.ON. El informe de la CNE, no vinculante, puede alimentar más la polémica.
La idea que ahora mismo se impone en el Ejecutivo es, según una fuente cercana al proceso, que "el Gobierno no puede desacreditar a la CNE". Por ello, asegura, las riendas del caso la han tomado "más los abogados" que los expertos sectoriales de Industria o de Economía. Con esa idea, que por supuesto se comparte en el organismo que preside Maite Costa, la CNE se enfrenta en las próximas semanas a un nuevo dilema.
El Ministerio de Industria, aunque no es preceptivo, ha solicitado ya al órgano regulador que analice e informe sobre los cinco recursos planteados ante el departamento contra la autorización condicionada de la OPA de E.ON que aprobó la CNE en julio. Así, los nueve consejeros de la Comisión (cuatro nombrados a instancias del PSOE, cuatro del PP y uno de consenso PSOE-nacionalistas catalanes) deberán decidir si mantienen la resolución aprobada en todos sus extremos, con las 19 condiciones, definidas "todas y cada una de ellas de carácter esencial", según el documento aprobado en julio (...)
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