El montaje jurídico y administrativo puesto a punto por el Gobierno español para obstaculizar la entrada de la alemana E.On en Endesa fue desbaratado ayer sin contemplaciones por la Comisión Europea, mediante dos decisiones independientes aunque estrechamente vinculadas.
La primera fue adoptada sobre la base jurídica propia del Mercado Interior, responsabilidad del comisario McCreevy. Da por cierto -hasta ahora la Comisión decía sólo sospecharlo- que Madrid infringió las disposiciones sobre libre circulación de capitales, al facultar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para intervenir en fusiones como la de E.On y Endesa, y exige la revisión de esa normativa, bajo amenaza de interpelación ante la Justicia europea.
La segunda decisión corresponde al área de responsabilidad de la comisaria Neelie Kroes, responsable de Competencia. Establece que las condiciones impuestas por la CNE, reforzada con los poderes ahora declarados ilegítimos, a la opa de E.On sobre Endesa, contradicen las normas del tratado sobre libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, y exige su retirada. Esta determinación declara ilegítimas las 19 condiciones de la CNE a E.On del pasado mes de julio, tiene carácter ejecutivo y es de obligado cumplimiento para el Gobierno español.
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