ESPAÑA: Finanzas renovables y pensiones fotovoltaicas

A promoción de proyectos fotovoltaicos está muy animada en los últimos tiempos. Los agentes identificadores de localizaciones adecuadas rastrean el territorio nacional, como antes sucedió con los parques eólicos, y se hacen públicas algunas grandes iniciativas.

El mayor banco español ha anunciado un gran proyecto abierto a inversores individuales. Contempla la instalación de hasta 278 plantas con una capacidad entre 18 y 25 MW en total, y una inversión que podría llegar a 160 millones de euros. Otras entidades financieras anuncian líneas de financiación muy amplias para proyectos de esta naturaleza. En la provincia de Sevilla se anunció en febrero un proyecto de 6 MW y 50 millones de euros de inversión, distribuido entre 57 instalaciones que aportarán 12 GWh anuales. Existen múltiples promociones de similar naturaleza en diversas regiones españolas, que a veces son abiertamente descaradas. Literalmente: "¿Quiere contratar el mejor plan de pensiones y que su entidad bancaria pague por usted dicho plan?"

Todos los proyectos afirman que gracias al RD 436/2004 el precio de venta de la energía será del 575 por ciento de la tarifa eléctrica media durante los primeros 25 años y 460 por ciento en los siguientes, lo que viene a ser unos 44 céntimos de euro por kWh durante este año. Sin embargo, este RD señala dos incentivos distintos, reservando aquel para las instalaciones con una potencia no superior a 100 kilowatios pico, y "sólo" el 300 por ciento para las de mayor potencia, aunque con esta prima la rentabilidad mengua considerablemente, dados los precios actuales de los paneles.

Pero, ¿cómo puede conjugarse la elevada potencia de las instalaciones que se publicitan con la máxima prima?. Muy sencillo, en esencia se fracciona el "parque solar" en grupos de paneles que no superan 100 kilowatios pico, consiguiendo que a efectos legales luzcan como instalaciones de generación independientes entre sí, práctica que hasta ahora ha sido admitida por todas las comunidades.

Algo hemos progresado, porque antes las fracciones eran de 5 kilowatios pico (RD 1998/98), pero no era esto, espero, lo que pretendía el legislador cuando decidió favorecer a las pequeñas instalaciones. Quizá tampoco pensaba que la tarifa se elevaría de la forma que lo está haciendo, y con ella los precios de compra de las energías renovables.

La justificación económica puede estar en el reconocimiento de las externalidades positivas no retribuidas por el mercado, no que el Estado o la UE se hayan propuesto una meta y haya que alcanzarla como sea. Entre ellas, la reducción del consumo de combustibles fósiles, la no necesidad de construir nuevas infraestructuras de regasificación y de generación eléctrica a veces polémicas, la reducción de la dependencia exterior de energía primaria, la mitigación de emisiones de efecto invernadero o la sustitución de la energía nuclear. Sin embargo, el valor efectivo de estas externalidades es mínimo, o al menos su valor no ideológico. El objetivo del Plan de Energías Renovables (PER) para esta fuente es disponer en 2010 de 400 MWp de potencia instalada que generarían 609 GWh anuales. Pero, de conseguirse, sólo equivaldría al 0,24 por ciento de la energía generada en 2005 por el sistema peninsular, 254.240 GWh, y más o menos a unas 380 horas de funcionamiento de los tres ciclos combinados de Arcos de la Frontera. Y en términos de energía primaria el objetivo final es 52 ktep, aproximadamente el 0,05 por ciento de la que hemos importado en 2004. En definitiva, la contribución fotovoltaica a la generación eléctrica o su aportación como energía primaria es y seguirá siendo despreciable.

La mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero es más visible: un promedio de 17,97 toneladas de CO2 por cada kWp instalado en España, según la Agencia Internacional de la Energía. Traducido al objetivo del PER se evitarían 7,2 millones de toneladas, lo que no está nada mal, pero desgraciadamente es menos del 2 por ciento de las emisiones actuales, que el Ministerio de Medio Ambiente cifra en 398,1 millones de toneladas.

Su capacidad de sustitución de la energía nuclear es una fantasía, dicho claramente, por tres razones. La nuclear es una energía eléctrica de base, con un funcionamiento medio de 7.305 horas en 2005 y no es reemplazable por otra cuyo funcionamiento es de 1.522 horas anuales equivalentes según el PER (lo que probablemente es irreal). Además habría que multiplicar el objetivo fotovoltaico por 32 para sustituir la generación nuclear actual. Y en tercer lugar, ésta es mucho más barata.

No hay ninguna externalidad que compense una solución cuya relación coste/eficacia es francamente mala. Quien desee invertir en el negocio eléctrico puede hacerlo: basta con comprar títulos de una empresa cotizada y asumir la esperanza de rentabilidad. Aunque es esto poco atractivo si la legislación "energéticamente correcta" ofrece alta rentabilidad sin riesgo alguno, porque el Estado puede obligar a que todos los consumidores financiemos el desarrollo de las renovables, estemos o no de acuerdo. O, más bien, a que le financiemos el plan de pensiones a algún inversionista avispado.