El anuncio a toda página (La Voz, 27 de julio) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hace una oferta pública a las corporaciones municipales que deseen el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de material nuclear gastado y del centro tecnológico asociado a ese almacén.
El proceso de selección, presidido por los principios de voluntariedad, democracia y transparencia, está mal planteado. En vez de abrirlo a todos los municipios, un comité de expertos (geólogos, físicos, químicos, ingenieros) debió seleccionar previamente las zonas que reúnen las características adecuadas para un asentamiento de este tipo y luego haberlo ofertado a los municipios correspondientes, para que voluntariamente lo solicitasen. El principio de democracia aplicado a este proceso no deja de ser una estupidez. Al final, como estas instalaciones nadie las quiere (véase lo ocurrido con la oferta del alcalde de Peque) y el ATC hay que construirlo, las autoridades tendrán que decidir, que para eso se les paga.
Está prevista una inversión del orden de los 700 millones de euros, una cantidad de dinero importante, para albergar la instalación de una plataforma industrial, en la que se ubicarían el centro tecnológico y el ATC. No se trata sólo de almacenar los residuos, si no que, además, se hará investigación (está prevista una plantilla de veinte investigadores) sobre el desarrollo de técnicas de reducción del volumen de los residuos, reciclaje de los materiales almacenados, etcétera.
La oposición ecologista y el miedo a lo nuclear, garantizan que la elección estará llena de obstáculos, a pesar de que este tipo de instalaciones causan menos problemas que los incendios que nos asolan este verano o los accidentes de carretera, que se cobran vidas humanas todos los días.
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