El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, es partidario de aprovechar 'al máximo posible' las centrales nucleares que actualmente están en activo en el territorio español, por lo que apuesta por prolongar su vida útil si es necesario.
Con esta apuesta del Gobierno autonómico se respalda la petición formal presentada la pasada semana por los propietarios de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, para ampliar en 10 años más el funcionamiento de la instalación.
Según Herrera, la decisión sobre esta petición será competencia exclusiva del Gobierno a partir del informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
No obstante, confió en que el Ejecutivo central adopte "la medida más responsable posible" en virtud de un análisis de la situación que también tenga en cuenta la posibilidad de "aprovechar lo máximo las actuales centrales existentes", al objeto de que "no resulte necesario abrir el debate de si deben construirse nuevas centrales".
A este respecto, Herrera abundó también en la necesidad de que la decisión final vaya acompañada de la "máxima seguridad, confianza, información y transparencia por parte de las empresas" encargadas de la gestión de la central energética burgalesa.
Reiteró la conveniencia de que el Gobierno de la Nación fundamente su decisión en la "solvencia y el poso científico" que, a su juicio, aportará el dictamen de los expertos.
Por último, recordó que, en el ámbito europeo, países como Francia "han desplegado la energía nuclear como uno de los elementos básicos de su producción y soberanía energética".
Conviene recordar que la central nuclear de Santa María de Garoña es la segunda más antigua de las españolas, detrás de José Cabrera (Guadalajara). Es propiedad de Endesa e Iberdrola y la empresa explotadora es Nuclenor.
La antigüedad de las instalaciones es un factor clave para determinar su seguridad no sólo debido al desgaste de materiales, sino también porque hay viejas construcciones que no permiten innovaciones hoy consideradas indispensables.
Por su avanzada edad se cataloga de relativamente peligrosa la central española de Garoña, cuya construcción, iniciada en 1966, está desprovista de un segundo contenedor de contención.
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