No se entiende muy bien cómo el Gobierno puede mantener tantos frentes abiertos en materia de política energética y aparentemente no esté adoptando medidas de cierta urgencia para tapar ninguno de los boquetes abiertos. La reordenación del sector eléctrico la están haciendo los tiburones bursátiles, la política de precios en la electricidad está por definir, otro tanto se puede decir de la estrategia en materia de energías renovables, el debate sobre la energía nuclear que está desarrollándose en Europa e incluso en el ámbito de la Unión Europea aquí brilla por su ausencia (a pesar de haberlo recomendado el mismísimo Felipe González, con artículo en el influyente diario El País incluido), las funciones de la Comisión Nacional de la Energía han cambiado de contenido varias veces en las últimas semanas (un ejemplo impagable de la seguridad jurídica que ofrecemos a los inversores internacionales, a pesar de que la exigimos en otros países para nuestras empresas) y los tropiezos con las famosas opas sobre Endesa no hacen más que enturbiar todo el asunto, además de viciar las en otros tiempos excelentes relaciones con Alemania. No se puede pedir más torpeza en un mismo asunto, aunque se trate de una importante parcela de la vida española.
Para colmo de males, la Comisión Europea tiene el dedo en el gatillo desde hace unas cuantas semanas para disparar sobre el Gobierno español con el fuego de varios pleitos y sanciones por incumplimiento de normativa comunitaria básica en asuntos como la competencia y la libertad de movimientos de capitales, todos ellos posiblemente incumplidos por este Gobierno con ocasión de las medidas defensivas edificadas para impedir la opa de los alemanes de E.ON sobre Endesa. El 8 de noviembre es ya el último plazo para tomar cartas en el asunto.
El Gobierno, por boca de Solbes, que es el portavoz económico más predispuesto al pacto y a aceptar los requerimientos de Bruselas, ya ha reconocido que habrá que cambiar (es decir, derribar) algunas de las cautelas levantadas por la Comisión de la Energía contra los alemanes. Que lo diga Solbes no es dogma de fe, pero apunta a las divisiones internas que hay en el Gobierno sobre la forma de afrontar este asunto ante la Comisión Europea. Parece que la próxima marcha de Miguel Sebastián de La Moncloa hacia quehaceres municipales podría darle un sesgo más comedido a la posición del Gobierno en el asunto de la opa eléctrica, ya que hasta ahora el Gobierno ha actuado con una férrea oposición a facilitarle la entrada a los alemanes a pesar de las promesas de Zapatero a Angela Merkel.
Desde luego, la autoridad española en Bruselas y en las instancias comunitarias se está desvaneciendo a medida que pasan los meses y se acumulan las torpezas. El escaso caso que le hacen a España en el asunto de la inmigración parece que es un termómetro bastante fiel de la nueva actitud que se respira en algunas instancias europeas hacia España. Adicionalmente, el discurso liberal que en materia de compras de empresas extranjeras estaba desarrollando España, al calor de la creciente presencia de empresas españolas en el exterior, está quedando desautorizado como ejemplo de una doble moral que empieza a resultar inaceptable.
Pero volviendo al asunto de la política energética, las decisiones del Gobierno en la materia no deberían demorarse en exceso. Algunas tienen incluso fecha fija. Las tarifas eléctricas son, desde luego, tema urgente en la medida en que deberían estar listas para su aplicación a partir del primero de enero. ¿Se atreverá el Gobierno a aplicar una subida tarifaria de dos dígitos, como proponen y justifican las compañías eléctricas, con objeto de afrontar las fuertes subidas de costes de las materias primas que hemos padecido en este año? Hay serias dudas.
Los altos beneficios que están presentando las compañías eléctricas (bien es verdad que en muchos casos forzados por una estrategia defensiva destinada a elevar las cotizaciones en plena guerra de opas) pueden convertirse en un arma de doble filo para el sector y en un argumento que acabe por provocar una peligrosa descapitalización del sector eléctrico. Algo que desde luego no le convendría al país, necesitado como está de reducir la vulnerabilidad exterior en materia de energía.
source: EstrellaDigital
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