Esos nuevos convenios refuerzan la nacionalización dictada por Morales en mayo pasado, pero hay otras ocho empresas que no han llegado todavía a un acuerdo, entre ellas las dos con mas inversiones y reservas de gas, la brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF.
RESERVAS CERTIFICADAS
Petrobras tiene el 47 por ciento de las reservas certificadas (probadas más probables), Repsol y su filial Andina 27 por ciento, TotalFinaElf 16 por ciento, British Gas y su filial Chaco 6 por ciento y Vintage 2 por ciento, según datos oficiales de 2005, los últimos disponibles.
Tras las firmas de los dos nuevos contratos, Morales subrayó que el objetivo de las conversaciones desarrolladas en los últimos seis meses fue lograr que "las empresas sean socias y no dueñas de los recursos naturales" bolivianos.
Reconoció que las negociaciones en algunos casos estuvieron "reforzadas por algunos contactos políticos", en alusión directa al Presidente de Francia, Jacques Chirac, de quien se declaró admirador.
TotalFinaElf tributará el 82 por ciento del valor de la producción de los campos "Itaú" e "Incahuasi", que aún no están en explotación, durante los próximos 20 años, y hará una inversión de 1.880 millones de dólares, incluyendo exploraciones durante los próximos 30 años.
Vintage, filial de la estadounidense Occidental (Oxy), opera campos marginales de gas en el sureste del país, es una de las multinacionales con menos presencia en Bolivia y tributará un 50 por ciento.
La suscripción de los nuevos acuerdos se efectuó en la noche de ayer viernes en el Palacio de Comunicaciones de La Paz, el mismo escenario donde hace 10 años el entonces Presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada, entregó el control de los campos de hidrocarburos a compañías extranjeras.
Morales pidió a las demás multinacionales que respeten las decisiones de su gobierno porque, así como "cualquier empresa merece respeto, también las empresas tiene que respetar a nuestro pueblo y a las normas".
Añadió que "todavía tienen algunas horas, algunos días", para cumplir con el Decreto de nacionalización del 1 mayo pasado, que fijó un plazo de 180 días para la firma de nuevos contratos, que termina este sábado a la medianoche.
El Presidente dijo estar "convencido de que la nacionalización sólo será garantizada con los movimientos sociales y con los uniformados", en alusión al respaldo que tiene de sectores populares y de las Fuerzas Armadas.
Para el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, jefe del equipo negociador boliviano, los contratos alcanzados con TotalFinaElf y Vintage equivalen a "la recuperación de la participación del Estado" en los negocios petroleros.
"Hoy se marca otro hito importante en el gobierno y en la historia de (la petrolera estatal) YPFB, que camina hacia su efectiva refundación y a brindar así la satisfacción para la población", dijo.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asume el "control absoluto" de los hidrocarburos y el monopolio de su comercialización, tanto en Bolivia como para la exportación, por el decreto de nacionalización.
Villegas afirmó que TotalFinaElf y Vintage se han comprometido a seguir invirtiendo para desarrollar campos y nuevas exploraciones.
De su parte, el Presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, aseguró que los contratos "marcan la refundación de la empresa, en términos de ingresos seguros y constantes a largo plazo", que serán de 120 millones de dólares anuales.
Agregó que las conversaciones con las otras ocho multinacionales continuarán hasta la medianoche del sábado.
Según Ortiz, hasta que el Congreso no ratifique el texto de los nuevos contratos, las empresas operan con los anteriores.
Portavoces de varias petroleras que no firmaron ayer y fuentes diplomáticas se declararon sorprendidos por el acto de anoche, anunciado por el gobierno apenas horas antes para la "suscripción de contratos petroleros", sin especificar con qué empresas.
El acto comenzó con una hora de retraso respecto a lo anunciado, bajo una gran foto de Morales y la leyenda "Nacionalización, ni un paso atrás, Evo cumple".
UN POCO DE HISTORIA
Cabe recordar que durante el proceso de Capitalización de las empresas estatales los inversionistas que resultaron adjudicados con el paquete del 50 % de las acciones de cada una de las empresas estatales pagaron el capital de las acciones al contado por un valor de casi 1.670 millones de dólares.
El proceso de Capitalización se completó cuando el 50 % de las acciones correspondientes al Estado en cada una de las capitalizadas pasó a ser administrado directamente por un banco internacional de inversiones, el Cititrust Limited, en tanto duró el plazo de ingreso en Bolivia de las Administradoras de Fondos de Pensión.
En el caso de la Capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la expectativa fue enorme pues casi 40 empresas y holdings internacionales se presentaron al proceso de selección de socios estratégicos para las unidades de exploración, transporte, comercialización y explotación de YPFB.
Previamente se constituyeron tres empresas con acciones estatales y privadas: la empresa Petrolera Andina SAM, capitalizada por el socio estratégico liderado por el consorcio YPFArgentina-Perez Companc-PlusPetrol con un aporte de 265 millones de dólares, superando en casi 200 veces el valor en libros de esa unidad de exploración y producción de YPFB.
La segunda empresa -también a cargo de exploración y producción- fue la empresa Petrolera Chaco SAM recibiendo de socio estratégico a la Amoco Petroleum Corporation que realizó el mayor aporte de capitales, superando los 305 millones de dólares el equivalente a más de 200 veces el valor en libros de esa ex unidad de YPFB.
Finalmente el tercer socio estratégico capitalista fue el consorcio Enron - Shell Overseas Holding que aportó 263 millones de dólares para la capitalización de la denominada Transredes (transportadora de ductos SAM).
Las inversiones internacionales en el sector hidrocarburos representaron, únicamente en exploración, producción y transporte por ductos, cifras que rondan los 850 millones de dólares inyectados en dos bloques petroleros en los que está dividida Bolivia.
Sobre este proceso, el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, señaló que si bien YPFB estaba debilitada por el Decreto 21060 (1985), «era todavía una empresa vertical y horizontalmente integrada, ya que controlaba la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos, de la que se extrajo el 65 % de sus ingresos brutos para sostener las políticas neoliberales de Paz Estenssoro».
«Diez años más tarde, las transnacionales y Petrobrás controlan esa cadena productiva, en territorio boliviano», sostuvo la ex autoridad en un artículo publicado antes de asumir funciones.
Recuerda que la Ley de Hidrocarburos (1689), de 30 de abril de 1996, dispone la «capitalización» de YPFB. La otrora compañía estatal integrada se convirtió en residual, prohibida de intervenir en la cadena productiva de los hidrocarburos.
Además, la Ley 1731, de 26 de junio de 1996, reclasifica los campos de hidrocarburos en nuevos e inexistentes, lo que, en buenas cuentas, significa la rebaja de regalías, que se pagan en boca de pozo, del 50 al 18 % y una disminución de los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN), del 38 al 6 %.
Source:Jornadanet.com
RESERVAS CERTIFICADAS
Petrobras tiene el 47 por ciento de las reservas certificadas (probadas más probables), Repsol y su filial Andina 27 por ciento, TotalFinaElf 16 por ciento, British Gas y su filial Chaco 6 por ciento y Vintage 2 por ciento, según datos oficiales de 2005, los últimos disponibles.
Tras las firmas de los dos nuevos contratos, Morales subrayó que el objetivo de las conversaciones desarrolladas en los últimos seis meses fue lograr que "las empresas sean socias y no dueñas de los recursos naturales" bolivianos.
Reconoció que las negociaciones en algunos casos estuvieron "reforzadas por algunos contactos políticos", en alusión directa al Presidente de Francia, Jacques Chirac, de quien se declaró admirador.
TotalFinaElf tributará el 82 por ciento del valor de la producción de los campos "Itaú" e "Incahuasi", que aún no están en explotación, durante los próximos 20 años, y hará una inversión de 1.880 millones de dólares, incluyendo exploraciones durante los próximos 30 años.
Vintage, filial de la estadounidense Occidental (Oxy), opera campos marginales de gas en el sureste del país, es una de las multinacionales con menos presencia en Bolivia y tributará un 50 por ciento.
La suscripción de los nuevos acuerdos se efectuó en la noche de ayer viernes en el Palacio de Comunicaciones de La Paz, el mismo escenario donde hace 10 años el entonces Presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada, entregó el control de los campos de hidrocarburos a compañías extranjeras.
Morales pidió a las demás multinacionales que respeten las decisiones de su gobierno porque, así como "cualquier empresa merece respeto, también las empresas tiene que respetar a nuestro pueblo y a las normas".
Añadió que "todavía tienen algunas horas, algunos días", para cumplir con el Decreto de nacionalización del 1 mayo pasado, que fijó un plazo de 180 días para la firma de nuevos contratos, que termina este sábado a la medianoche.
El Presidente dijo estar "convencido de que la nacionalización sólo será garantizada con los movimientos sociales y con los uniformados", en alusión al respaldo que tiene de sectores populares y de las Fuerzas Armadas.
Para el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, jefe del equipo negociador boliviano, los contratos alcanzados con TotalFinaElf y Vintage equivalen a "la recuperación de la participación del Estado" en los negocios petroleros.
"Hoy se marca otro hito importante en el gobierno y en la historia de (la petrolera estatal) YPFB, que camina hacia su efectiva refundación y a brindar así la satisfacción para la población", dijo.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asume el "control absoluto" de los hidrocarburos y el monopolio de su comercialización, tanto en Bolivia como para la exportación, por el decreto de nacionalización.
Villegas afirmó que TotalFinaElf y Vintage se han comprometido a seguir invirtiendo para desarrollar campos y nuevas exploraciones.
De su parte, el Presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, aseguró que los contratos "marcan la refundación de la empresa, en términos de ingresos seguros y constantes a largo plazo", que serán de 120 millones de dólares anuales.
Agregó que las conversaciones con las otras ocho multinacionales continuarán hasta la medianoche del sábado.
Según Ortiz, hasta que el Congreso no ratifique el texto de los nuevos contratos, las empresas operan con los anteriores.
Portavoces de varias petroleras que no firmaron ayer y fuentes diplomáticas se declararon sorprendidos por el acto de anoche, anunciado por el gobierno apenas horas antes para la "suscripción de contratos petroleros", sin especificar con qué empresas.
El acto comenzó con una hora de retraso respecto a lo anunciado, bajo una gran foto de Morales y la leyenda "Nacionalización, ni un paso atrás, Evo cumple".
UN POCO DE HISTORIA
Cabe recordar que durante el proceso de Capitalización de las empresas estatales los inversionistas que resultaron adjudicados con el paquete del 50 % de las acciones de cada una de las empresas estatales pagaron el capital de las acciones al contado por un valor de casi 1.670 millones de dólares.
El proceso de Capitalización se completó cuando el 50 % de las acciones correspondientes al Estado en cada una de las capitalizadas pasó a ser administrado directamente por un banco internacional de inversiones, el Cititrust Limited, en tanto duró el plazo de ingreso en Bolivia de las Administradoras de Fondos de Pensión.
En el caso de la Capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la expectativa fue enorme pues casi 40 empresas y holdings internacionales se presentaron al proceso de selección de socios estratégicos para las unidades de exploración, transporte, comercialización y explotación de YPFB.
Previamente se constituyeron tres empresas con acciones estatales y privadas: la empresa Petrolera Andina SAM, capitalizada por el socio estratégico liderado por el consorcio YPFArgentina-Perez Companc-PlusPetrol con un aporte de 265 millones de dólares, superando en casi 200 veces el valor en libros de esa unidad de exploración y producción de YPFB.
La segunda empresa -también a cargo de exploración y producción- fue la empresa Petrolera Chaco SAM recibiendo de socio estratégico a la Amoco Petroleum Corporation que realizó el mayor aporte de capitales, superando los 305 millones de dólares el equivalente a más de 200 veces el valor en libros de esa ex unidad de YPFB.
Finalmente el tercer socio estratégico capitalista fue el consorcio Enron - Shell Overseas Holding que aportó 263 millones de dólares para la capitalización de la denominada Transredes (transportadora de ductos SAM).
Las inversiones internacionales en el sector hidrocarburos representaron, únicamente en exploración, producción y transporte por ductos, cifras que rondan los 850 millones de dólares inyectados en dos bloques petroleros en los que está dividida Bolivia.
Sobre este proceso, el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, señaló que si bien YPFB estaba debilitada por el Decreto 21060 (1985), «era todavía una empresa vertical y horizontalmente integrada, ya que controlaba la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos, de la que se extrajo el 65 % de sus ingresos brutos para sostener las políticas neoliberales de Paz Estenssoro».
«Diez años más tarde, las transnacionales y Petrobrás controlan esa cadena productiva, en territorio boliviano», sostuvo la ex autoridad en un artículo publicado antes de asumir funciones.
Recuerda que la Ley de Hidrocarburos (1689), de 30 de abril de 1996, dispone la «capitalización» de YPFB. La otrora compañía estatal integrada se convirtió en residual, prohibida de intervenir en la cadena productiva de los hidrocarburos.
Además, la Ley 1731, de 26 de junio de 1996, reclasifica los campos de hidrocarburos en nuevos e inexistentes, lo que, en buenas cuentas, significa la rebaja de regalías, que se pagan en boca de pozo, del 50 al 18 % y una disminución de los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN), del 38 al 6 %.
Source:Jornadanet.com
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