En Gaceta Oficial del 26 de febrero fue publicada la Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas. La normativa no menciona la palabra "nacionalización", pese al tenor de los anuncios del presidente Chávez.
El decreto presidencial 5.200, con rango, valor y fuerza de ley, compromete a las asociaciones estratégicas Sincor, Petrozuata, Ameriven y Cerro Negro; a los convenios Golfo de Paria Este, Oeste y La Ceiba; y a Orifuels Sinovensa, negocios que en los próximos siete días deberán formar junto a Pdvsa (a través de la Corporación Venezolana de Petróleo) comisiones de transición que se incorporarán a sus directivas para "garantizar la transferencia a la estatal del control de todas las actividades" antes del 1° de mayo.
Aunque la ley no especifica qué instrumento jurídico se firmará antes de mayo para garantizar ese control -en el caso de los convenios operativos se hizo a través de memorandos de entendimiento-, expertos consultados afirmaron que es probable que para esa fecha se deba tener lista la valoración de cada compañía, tarea que será potestad exclusiva del Ministerio de Energía y Petróleo.
El decreto presidencial 5.200, con rango, valor y fuerza de ley, compromete a las asociaciones estratégicas Sincor, Petrozuata, Ameriven y Cerro Negro; a los convenios Golfo de Paria Este, Oeste y La Ceiba; y a Orifuels Sinovensa, negocios que en los próximos siete días deberán formar junto a Pdvsa (a través de la Corporación Venezolana de Petróleo) comisiones de transición que se incorporarán a sus directivas para "garantizar la transferencia a la estatal del control de todas las actividades" antes del 1° de mayo.
Aunque la ley no especifica qué instrumento jurídico se firmará antes de mayo para garantizar ese control -en el caso de los convenios operativos se hizo a través de memorandos de entendimiento-, expertos consultados afirmaron que es probable que para esa fecha se deba tener lista la valoración de cada compañía, tarea que será potestad exclusiva del Ministerio de Energía y Petróleo.
Según un estudio de la firma UBS, las cuatro asociaciones de la Faja tienen un valor presente neto de 28 mil millones de dólares, de los cuales la participación promedio de 40% que hoy tiene Pdvsa ronda $11.200 millones. Así, para concentrar un mínimo de 60% de las acciones, como establece el artículo 2 de la Ley de Migración, la estatal debe pagar una diferencia cercana a $5.600 millones.
El artículo 4 de la Ley establece, además, un plazo de cuatro meses contados desde el lunes para "acordar los términos y condiciones" de la "posible participación" de los socios privados en las empresas mixtas, así como un lapso extra de dos meses para someter los acuerdos alcanzados al Parlamento.
"Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiera logrado acuerdo, la República, a través de Pdvsa o sus filiales, asumirá directamente las actividades ejercidas por las asociaciones a fin de preservar su continuidad", dice el artículo 5.
El artículo 4 de la Ley establece, además, un plazo de cuatro meses contados desde el lunes para "acordar los términos y condiciones" de la "posible participación" de los socios privados en las empresas mixtas, así como un lapso extra de dos meses para someter los acuerdos alcanzados al Parlamento.
"Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiera logrado acuerdo, la República, a través de Pdvsa o sus filiales, asumirá directamente las actividades ejercidas por las asociaciones a fin de preservar su continuidad", dice el artículo 5.
Detalles y consideraciones
Tal como habían anunciado funcionarios del Menpet y de la CVP, el artículo 7 de la Ley de Migración prevé que "la infraestructura, servicios de transporte y mejoramiento de las asociaciones señaladas serán de libre utilización, de acuerdo con los lineamientos que, mediante resolución, emita el Menpet. Los costos derivados de ello se fijarán de mutuo acuerdo entre las partes".
Eulogio Del Pino, presidente de la CVP, aclaró a El Universal que "la idea es optimizar al máximo el uso de la capacidad instalada, que hasta ahora no podía compartirse". Aunque admitieron que las negociaciones técnicas han sido fluidas, representantes de los privados recordaron que en casos como Cerro Negro, cuya producción de crudo sintético es a la medida de la refinería de Chalmette, cambiar la dieta del mejorador resultaría complicado.
Por último, el artículo 9 del decreto ley reduce a "lotes con una extensión máxima de 100 Km cuadrados" las áreas originalmente otorgadas a los proyectos sujetos a migración, tal como ocurrió con los convenios operativos. En el caso de las asociaciones de la Faja, esto significa limitar a menos de la mitad algunas áreas en uso.
El presidente de Total, Thierry Desmarest, se mostró ayer preocupado por la toma de control del Estado sobre la Faja, pues podría acarrear "dificultades operacionales". Añadió que Total, que opera Sincor, estaría dispuesta a negociar con el Gobierno venezolano, en particular sobre los temas tributarios. "Pero lo que nos molesta es el deseo del Estado de adquirir el control de los proyectos".
Statoil, el otro socio de Sincor, dijo por su parte estar segura de que la decisión del Gobierno no afectará sustancialmente su actividad, mientras que Exxon Mobil, que opera Cerro Negro, señaló que aún es prematuro emitir comentarios.
Eulogio Del Pino, presidente de la CVP, aclaró a El Universal que "la idea es optimizar al máximo el uso de la capacidad instalada, que hasta ahora no podía compartirse". Aunque admitieron que las negociaciones técnicas han sido fluidas, representantes de los privados recordaron que en casos como Cerro Negro, cuya producción de crudo sintético es a la medida de la refinería de Chalmette, cambiar la dieta del mejorador resultaría complicado.
Por último, el artículo 9 del decreto ley reduce a "lotes con una extensión máxima de 100 Km cuadrados" las áreas originalmente otorgadas a los proyectos sujetos a migración, tal como ocurrió con los convenios operativos. En el caso de las asociaciones de la Faja, esto significa limitar a menos de la mitad algunas áreas en uso.
El presidente de Total, Thierry Desmarest, se mostró ayer preocupado por la toma de control del Estado sobre la Faja, pues podría acarrear "dificultades operacionales". Añadió que Total, que opera Sincor, estaría dispuesta a negociar con el Gobierno venezolano, en particular sobre los temas tributarios. "Pero lo que nos molesta es el deseo del Estado de adquirir el control de los proyectos".
Statoil, el otro socio de Sincor, dijo por su parte estar segura de que la decisión del Gobierno no afectará sustancialmente su actividad, mientras que Exxon Mobil, que opera Cerro Negro, señaló que aún es prematuro emitir comentarios.
Source: El Universal
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