Las relaciones monetarias entre el Estado y los sectores económicos dependen tanto del volumen y destino del gasto público, como del lugar conferido a las finanzas privadas. Si el financiamiento privado compite con las finanzas públicas, terminará por ocupar un lugar muy importante en la regulación política y la deuda será el instrumento privilegiado de financiamiento de un déficit creciente.
Por el contrario, si el financiamiento privado no logra imponerse como intermediario obligado entre el Estado y el sector productivo, la limitante financiera se debilita a favor de una limitante social, de tal suerte que la política sectorial se encuentra más ligada a un acuerdo institucionalizado a través de las diversas instancias de mediación política.
La relación del Estado mexicano con el sector petrolero ha implicado la apertura de mayores espacios al financiamiento privado, debido a que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva, que afectará los intereses de las grandes empresas privadas. Más aún, ante el agotamiento del modelo agro-exportador de crecimiento, el Estado transformó el lugar que ocupaba PEMEX en el régimen de acumulación. De ser fundamentalmente un proveedor seguro de energía, PEMEX se convirtió en la principal fuente de recursos fiscales. El asfixiante régimen fiscal al que durante años se ha sometido a Petróleos Mexicanos ha tenido como resultado una baja dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, la descapitalización de PEMEX, un enorme endeudamiento y la consecuente disminución de su capacidad de inversión productiva.
Las diversas informaciones que han salido a la luz pública recientemente, muestran que la discusión del papel de PEMEX no sólo como principal fuente de ingresos fiscales, sino también como factor de ajuste de las cuentas nacionales; resulta vital para el funcionamiento de la economía nacional.
Si bien el Congreso decidió modificar el régimen fiscal de PEMEX a partir de 2006, lo cierto es que en la práctica el alivio que ese cambio suponía para la paraestatal fue completamente nulificado. Esto se debe a que las aportaciones fiscales de PEMEX no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluyen el llamado superávit primario que se le impone a la petrolera con el único fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno, sin que se refleje en su balance presupuestal.
Así, por un lado el cambio de régimen fiscal permitió que la carga fiscal directa de Petróleos Mexicanos pasara de representar el 63% de sus ingresos en 2005, a significar el 55% en 2006. En contrapartida, en 2006 se le impuso a PEMEX un superávit primario de más de 100 mil millones de pesos, por lo que la suma de las aportaciones fiscales llegó en 2006 al equivalente del 81% de los ingresos totales de la paraestatal, como se muestra en el siguiente cuadro:
En el cuadro anterior, la columna “superávit primario” indica el monto acumulado en caja en el año respectivo. Para 2007, el superávit que se le fijó a Petróleos Mexicanos es de 147 mil millones de pesos, con lo que al final del presente ejercicio fiscal, tendrá “congelados” más de 300 mil millones de pesos. De ello se desprende que PEMEX cuenta con recursos suficientes pero que no puede ejercer, debido a la falta de autonomía presupuestal y de gestión, al propio régimen fiscal al que está sometido y a las disposiciones recesivas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Mientras PEMEX siga siendo utilizado como factor de ajuste de las cuentas nacionales es evidente que no dispondrá de la capacidad financiera para invertir sin endeudarse. Tan sólo recordemos que para 2007 el gobierno se endeudará en más de 209 mil millones de pesos, pero el gobierno presume de “equilibrio fiscal” por que este endeudamiento, contablemente, se balancea con el superávit primario que de manera unilateral se le impone a los organismos públicos y sobre todo a PEMEX.
De ahí que Petróleos Mexicanos, la segunda empresa en utilidades antes de impuestos del mundo, se vio orillada a endeudarse, a largo plazo, por un total de siete mil 836.6 millones de dólares, durante el primer trimestre del presente año, como resultado principalmente de la perversa práctica de la Secretaría de Hacienda de disponer de la liquidez generada por la paraestatal. Si contrastamos esta cantidad con alrededor de 30 mil millones de dólares que PEMEX tendrá en caja como resultado de la acumulación de los superavits primarios de los últimos años, podemos ver con claridad que las dificultades financieras de la empresa son en realidad el resultado del manejo que de ella hace el gobierno; en buena medida para tratar de justificar ante la opinión pública la penetración creciente de intereses privados, sobre todo extranjeros, en un sector que la Constitución reserva en forma exclusiva a la Nación.
Más allá del uso que se dé a los ingresos generados por la actividad petrolera, resulta claro que el funcionamiento actual del sector y la naturaleza de su regulación se han agotado. Esto no significa que se tenga que modificar radicalmente la forma del ejercicio de la soberanía de la Nación sobre sus recursos petroleros. De lo que se trata es de buscar una nueva arquitectura institucional, a nivel global y sectorial, que propicie el fortalecimiento e integración de nuestra industria petrolera, para colocarla como el núcleo central y dinámico del régimen de acumulación; así como un elemento fundamental de la regulación económica de un modelo de desarrollo equitativo y sustentable.
Esto pasa, de manera necesaria, por el reconocimiento del carácter público de la mayor parte de la deuda de PEMEX (en particular la de los PIDIREGAS); y que en consecuencia ésta sea asumida por el gobierno federal. En última instancia, ha sido la elevación a rango de ley del dogma del “equilibrio presupuestal” y la decisión política de alcanzarlo contablemente y a rajatabla, al final del sexenio foxista, lo que está en la base de las más recientes complicaciones financieras de PEMEX.
Al menos, sería deseable que el gobierno federal tuviera la voluntad política de aceptar cuál es el tamaño real de la deuda pública, incluyendo en ella a los PIDIREGAS. Con ello perdería sentido la simulación contable del balance del superávit de los organismos públicos frente al endeudamiento autorizado anualmente.
No por nada va ganando adeptos en el medio petrolero la idea de que hace falta una segunda expropiación petrolera. Esta vez para arrebatar PEMEX de las manos de la Secretaría de Hacienda.
Por el contrario, si el financiamiento privado no logra imponerse como intermediario obligado entre el Estado y el sector productivo, la limitante financiera se debilita a favor de una limitante social, de tal suerte que la política sectorial se encuentra más ligada a un acuerdo institucionalizado a través de las diversas instancias de mediación política.
La relación del Estado mexicano con el sector petrolero ha implicado la apertura de mayores espacios al financiamiento privado, debido a que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva, que afectará los intereses de las grandes empresas privadas. Más aún, ante el agotamiento del modelo agro-exportador de crecimiento, el Estado transformó el lugar que ocupaba PEMEX en el régimen de acumulación. De ser fundamentalmente un proveedor seguro de energía, PEMEX se convirtió en la principal fuente de recursos fiscales. El asfixiante régimen fiscal al que durante años se ha sometido a Petróleos Mexicanos ha tenido como resultado una baja dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, la descapitalización de PEMEX, un enorme endeudamiento y la consecuente disminución de su capacidad de inversión productiva.
Las diversas informaciones que han salido a la luz pública recientemente, muestran que la discusión del papel de PEMEX no sólo como principal fuente de ingresos fiscales, sino también como factor de ajuste de las cuentas nacionales; resulta vital para el funcionamiento de la economía nacional.
Si bien el Congreso decidió modificar el régimen fiscal de PEMEX a partir de 2006, lo cierto es que en la práctica el alivio que ese cambio suponía para la paraestatal fue completamente nulificado. Esto se debe a que las aportaciones fiscales de PEMEX no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluyen el llamado superávit primario que se le impone a la petrolera con el único fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno, sin que se refleje en su balance presupuestal.
Así, por un lado el cambio de régimen fiscal permitió que la carga fiscal directa de Petróleos Mexicanos pasara de representar el 63% de sus ingresos en 2005, a significar el 55% en 2006. En contrapartida, en 2006 se le impuso a PEMEX un superávit primario de más de 100 mil millones de pesos, por lo que la suma de las aportaciones fiscales llegó en 2006 al equivalente del 81% de los ingresos totales de la paraestatal, como se muestra en el siguiente cuadro:
En el cuadro anterior, la columna “superávit primario” indica el monto acumulado en caja en el año respectivo. Para 2007, el superávit que se le fijó a Petróleos Mexicanos es de 147 mil millones de pesos, con lo que al final del presente ejercicio fiscal, tendrá “congelados” más de 300 mil millones de pesos. De ello se desprende que PEMEX cuenta con recursos suficientes pero que no puede ejercer, debido a la falta de autonomía presupuestal y de gestión, al propio régimen fiscal al que está sometido y a las disposiciones recesivas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Mientras PEMEX siga siendo utilizado como factor de ajuste de las cuentas nacionales es evidente que no dispondrá de la capacidad financiera para invertir sin endeudarse. Tan sólo recordemos que para 2007 el gobierno se endeudará en más de 209 mil millones de pesos, pero el gobierno presume de “equilibrio fiscal” por que este endeudamiento, contablemente, se balancea con el superávit primario que de manera unilateral se le impone a los organismos públicos y sobre todo a PEMEX.
De ahí que Petróleos Mexicanos, la segunda empresa en utilidades antes de impuestos del mundo, se vio orillada a endeudarse, a largo plazo, por un total de siete mil 836.6 millones de dólares, durante el primer trimestre del presente año, como resultado principalmente de la perversa práctica de la Secretaría de Hacienda de disponer de la liquidez generada por la paraestatal. Si contrastamos esta cantidad con alrededor de 30 mil millones de dólares que PEMEX tendrá en caja como resultado de la acumulación de los superavits primarios de los últimos años, podemos ver con claridad que las dificultades financieras de la empresa son en realidad el resultado del manejo que de ella hace el gobierno; en buena medida para tratar de justificar ante la opinión pública la penetración creciente de intereses privados, sobre todo extranjeros, en un sector que la Constitución reserva en forma exclusiva a la Nación.
Más allá del uso que se dé a los ingresos generados por la actividad petrolera, resulta claro que el funcionamiento actual del sector y la naturaleza de su regulación se han agotado. Esto no significa que se tenga que modificar radicalmente la forma del ejercicio de la soberanía de la Nación sobre sus recursos petroleros. De lo que se trata es de buscar una nueva arquitectura institucional, a nivel global y sectorial, que propicie el fortalecimiento e integración de nuestra industria petrolera, para colocarla como el núcleo central y dinámico del régimen de acumulación; así como un elemento fundamental de la regulación económica de un modelo de desarrollo equitativo y sustentable.
Esto pasa, de manera necesaria, por el reconocimiento del carácter público de la mayor parte de la deuda de PEMEX (en particular la de los PIDIREGAS); y que en consecuencia ésta sea asumida por el gobierno federal. En última instancia, ha sido la elevación a rango de ley del dogma del “equilibrio presupuestal” y la decisión política de alcanzarlo contablemente y a rajatabla, al final del sexenio foxista, lo que está en la base de las más recientes complicaciones financieras de PEMEX.
Al menos, sería deseable que el gobierno federal tuviera la voluntad política de aceptar cuál es el tamaño real de la deuda pública, incluyendo en ella a los PIDIREGAS. Con ello perdería sentido la simulación contable del balance del superávit de los organismos públicos frente al endeudamiento autorizado anualmente.
No por nada va ganando adeptos en el medio petrolero la idea de que hace falta una segunda expropiación petrolera. Esta vez para arrebatar PEMEX de las manos de la Secretaría de Hacienda.
