El uso de la energía es consustancial a la vida contemporánea. Los recursos energéticos necesarios para el funcionamiento de la agricultura moderna, la industria, las ciudades, los transportes y de la llamada "nueva economía", o sea las telecomunicaciones terrestres, marítimas y espaciales hacen inconcebible la visión de un mundo "oscuro", y se requiere una ciudadanía informada para elegir y evaluar el desempeño de un gobierno democrático.
Una vez que se estabilizó la transformación política del país, después de la gran Revolución de 1910, de la Constitución de 1917 y de la expropiación petrolera de 1938, los recursos energéticos se declararon propiedad de la nación, junto con los organismos públicos y las instituciones encargadas de su gestión y manejo. No obstante, el avance de la conciencia democrática de los ciudadanos no se ha reflejado cabalmente en la vigilancia y evaluación que como legítimos propietarios, les corresponde en los órganos del Estado encargados de su gestión y manejo.
Si bien la revolución democrática del país ha sido un movimiento relativamente reciente, el manejo del sector energético de los gobiernos neoliberales (1982-2007) no ha sido congruente con el sentido nacionalista con que debe operar en un mundo cada vez más interrelacionado, y en el cual el mercado está manejado en forma oligopólica por grandes corporaciones transnacionales que sirven a los intereses de sus gobiernos.
Cada día se percibe una mayor inquietud y hasta alarma en los círculos informados, debido a que la política económica ha contrariado los principios constitucionales de la propiedad pública y de la planeación y regulación del mercado en un sector de rango estratégico en la planeación del desarrollo. Existen múltiples denuncias del manejo dispendioso de sus finanzas y del creciente endeudamiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad a pesar de la indudable pericia de sus cuadros técnicos y de que la magnitud de sus operaciones las coloca como las empresas más importantes del país.
Es urgente la reforma del Estado en este sector, una reforma que logre el óptimo energético y la inversión productiva del excedente que generan en sus operaciones del mercado doméstico e internacional. La renta petrolera de Pemex, o sea la diferencia entre los ingresos por venta y los costos de producción, ascendió vertiginosamente de 1975 a 2006, así como su carga fiscal que pasó de 5% a 40% de la recaudación del gobierno federal en el mismo periodo, hecho calificado como la "petrolización de las finanzas públicas". Y a pesar de la gigantesca renta petrolera, Pemex no participa en el desarrollo regional de los estados en donde ubica sus operaciones, porque no hay planeación regional ni visión de largo plazo en la explotación "pública" de un recurso no renovable.
Hay consenso en que debe haber autonomía de gestión, transparencia contable y suficiencia financiera en el sector, pero no existe precisión en las definiciones ni en los mecanismos sobre el alcance de dichos conceptos.
El conocimiento del Presidente de la República es obviamente insuficiente en la materia y el secretario de Energía y los directivos de las empresas tienen que someterse a las directrices de la Secretaría de Hacienda, que es la que detenta los excedentes de explotación de las empresas del sector, en vista de los bajísimos niveles de recaudación de los impuestos sobre la renta de las empresas y el de las personas de altos ingresos que detentan una parte sustantiva (40%) del ingreso nacional. Además el deficiente de ingresos se esconde mediante la práctica de consolidar todos los ingresos y gastos del gobierno con los de las empresas paraestatales para cumplir con el tonto objetivo del "déficit cero" cuando no se considera el crecimiento de la inversión y el empleo, asignatura pendiente en nuestro país. Para agravar la situación la inversión indispensable para operar las empresas del sector energético se hace fuera del registro del presupuesto, mediante el uso diabólico de los llamados Pidiregas cuyo monto en deuda ha crecido a niveles realmente preocupantes.
Por su parte el Congreso está limitado al examen, discusión y aprobación periódica de los presupuestos y cuentas públicas, y frecuentemente los miembros de las comisiones de energía no disponen de los especialistas, ni del tiempo y probablemente ni siquiera tienen los perfiles adecuados para tan delicadas tareas. Por tanto es responsabilidad de los partidos políticos seleccionar candidatos que tengan la especialidad requerida no sólo para legislar, sino para aprobar con conocimiento los presupuestos y fiscalizar el gasto.
Ante la evidencia del mal manejo, derroche y arbitrariedad en Pemex, urgen reformas en la gestión y órganos democráticos que cumplan cabalmente con el mandato constitucional.
Afortunadamente está en el tapete de las discusiones el tema de la reforma energética y el diseño de una política con visión de largo plazo y manejo responsable de las instituciones en favor del interés y seguridad de la nación.
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