La petrolera hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Total han amenazado con acudir a la justicia boliviana para resarcirse del cobro ?indebido, según las empresas? de cerca de 30 millones de dólares, correspondientes al pago del mes de noviembre de un tributo fijado en el decreto de nacionalización del sector de mayo de 2006 y que se debía abonar durante seis meses, es decir, hasta octubre. El nuevo frente abierto ha contribuido a enredar más el ya complejo problema petrolero en Bolivia, que se discute en el Parlamento y se reclama en las calles.
Petrobras, principal operadora en los mayores campos productores de gas en San Alberto, San Antonio y Sábalo, informó del depósito bancario de unos 30 millones de dólares, que se hizo “con una protesta y reserva”, en consonancia con su postura de respetar “las leyes vigentes de los países donde actúa”, pero con la posibilidad de “acudir a los medios legales para buscar el resarcimiento” de estos cobros, que la empresa considera indebidos.
Las petroleras abonaron al Estado boliviano un total de 194,1 millones de dólares hasta octubre, correspondientes al pago a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) del 32% del valor de la producción de los mayores campos de gas, independientemente del 50% de impuestos que aportan las petroleras al Estado.
Las autoridades bolivianas confirmaron el depósito sin mayores comentarios. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, está enfrascado en la defensa, ante el Parlamento, de un proyecto de “ley corta” que tiene como objetivo superar por la vía más rápida los errores detectados en los 44 contratos petroleros que fueron aprobados el año pasado en una sesión de cuatro horas, sin la participación de la oposición, pero con la sorpresiva presencia de dos senadores suplentes, al cabo de una escandalosa sesión.
La difícil explicación de los errores en los contratos, que se atribuyen a la transcripción, ha supuesto varias horas de discusión en la Cámara de Diputados. Villegas asegura que los contratos serán altamente beneficiosos para el país, pero ante las dudas, la Cámara de Diputados ha decidido formar una comisión para analizar con mayor detenimiento los detalles de las negociaciones con las petroleras, en las que intervino un equipo muy joven y debutante de técnicos bolivianos.
El ex delegado presidencial para la Capitalización, Francesco Zaratti, señaló en una columna de opinión que entre las equivocaciones se encuentran la consignación de empresas inexistentes o “dejar sin llenar datos de fundamental importancia, como el porcentaje máximo de los ingresos que se devuelven a las empresas como costos recuperables”. Zaratti pide aclarar el por qué “la participación de YPFB disminuye discrecionalmente con el incremento de la producción”.
Por otro lado, un informe de las auditorías que se realizan a las empresas petroleras refleja que algunos datos “han sido falseados y acomodados a los intereses de las empresas petroleras y la transportadora Transredes” en el periodo anterior a la promulgación de la nueva ley de Hidrocarburos, señala el semanario especializado Bolivian Energy.
Pero mientras el problema petrolero se discute en las esferas políticas, los bolivianos padecen la falta de combustible y en las principales ciudades del país se ha convertido en habitual la escena de calles bloqueadas con un sinfín de bombonas de gas y enojadas amas de casa que protestan porque no pueden preparar alimentos calientes para sus hijos antes de enviarles a la escuela.
Source: Cinco Días
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