Las empresas con intereses en el sector eólico español se desplomaron ayer en bolsa ante el temor de los inversores a un drástico recorte a los ingresos de la electricidad producida con energía renovable.
La cotización de Acciona bajó un 5%, la de Gamesa descendió un 3,2% y la de Iberdrola cerró con pérdidas del 1,55%. Los dos primeros operadores de parques eólicos son Iberdrola y Acciona, mientras que Gamesa es el principal fabricante de aerogeneradores.
Todo comenzó con un informe publicado ayer por Banesto, en el que sus analistas alertan sobre los posibles efectos negativos en los promotores eólicos del borrador de decreto ley elaborado por el Ministerio de Industria para determinar la retribución de las energías renovables. La entidad califica de “sombría” el panorama regulatorio y recomienda la venta de las acciones en las compañías afectadas.
El fuerte castigo de los inversores a Acciona y Gamesa provocó la reacción de las asociaciones de promotores de energías renovables, que ayer emitieron un comunicado para valorar el decreto, pese a que se conocía su contenido desde hace tres días.
En una nota conjunta de las organizaciones AEE y Appa, se asegura que “la propuesta de nuevo marco regulatorio para las energías renovables incumple el marco legal de estabilidad vigente, con lo que queda en entredicho la credibilidad del Gobierno, y supone el incumplimiento del Plan de Energías Renovables 2005-2010”. Además, dice que “es incoherente con las declaraciones de apoyo a las energías renovables del presidente [del Gobierno, José Luis] Rodríguez Zapatero”.
Cuestión de rentabilidad
Esas mismas asociaciones habían pedido al Gobierno que asegurara una rentabilidad mínima anual del 8,8% a las inversiones en el sector eólico. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha determinado en su decreto que la rentabilidad para esas instalaciones se situará entre el 5% y el 9%, en función de su antigüedad, su tamaño y su estrategia de venta de la electricidad que produzca.
En concreto, AEE y Appa pedían una banda de precios que se situara entre los 67 y los 93 euros para cada megavatio hora producido por un parque eólico.
El borrador de decreto, sin embargo, fija unos precios que se mueven entre los 55,8 euros (para las instalaciones más grandes y más antiguas) y los 89,1 euros (para parques eólicos pequeños y recién instalados).
Si se tiene en cuenta que los aerogeneradores españoles producirán alrededor de 12,6 millones de megavatios hora en 2009, el decreto disminuirá en unos cien millones de euros los ingresos anuales del sector respecto a lo solicitado.
Según el lobby renovable, “el nuevo régimen retributivo propuesto reduce la rentabilidad de la gran mayoría de las instalaciones de generación a niveles muy inferiores a los establecidos y hace inviables las inversiones en el grueso de las instalaciones futuras”.
Según el comunicado, el sector se ve abocado a “la crisis y la deslocalización” y será imposible cumplir el objetivo de duplicar el parque eólico español entre 2006 y 2011.
Sustituir la producción eólica por otras instalaciones más contaminantes “puede costar al consumidor español más de mil millones de euros por las más de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que se emitirían en sustitución de los nueve mil megavatios eólicos pendientes de instalación y de otras energías renovables afectadas”.
Procedimiento
El borrador de decreto sobre la retribución a las energías renovables ha sido enviado por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que elaborará un informe consultivo, tras escuchar a las partes interesadas.
Después de examinar el documento de la CNE, Industria elevará una propuesta definitiva al Consejo de Ministros, que dará vía libre para la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Todo comenzó con un informe publicado ayer por Banesto, en el que sus analistas alertan sobre los posibles efectos negativos en los promotores eólicos del borrador de decreto ley elaborado por el Ministerio de Industria para determinar la retribución de las energías renovables. La entidad califica de “sombría” el panorama regulatorio y recomienda la venta de las acciones en las compañías afectadas.
El fuerte castigo de los inversores a Acciona y Gamesa provocó la reacción de las asociaciones de promotores de energías renovables, que ayer emitieron un comunicado para valorar el decreto, pese a que se conocía su contenido desde hace tres días.
En una nota conjunta de las organizaciones AEE y Appa, se asegura que “la propuesta de nuevo marco regulatorio para las energías renovables incumple el marco legal de estabilidad vigente, con lo que queda en entredicho la credibilidad del Gobierno, y supone el incumplimiento del Plan de Energías Renovables 2005-2010”. Además, dice que “es incoherente con las declaraciones de apoyo a las energías renovables del presidente [del Gobierno, José Luis] Rodríguez Zapatero”.
Cuestión de rentabilidad
Esas mismas asociaciones habían pedido al Gobierno que asegurara una rentabilidad mínima anual del 8,8% a las inversiones en el sector eólico. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha determinado en su decreto que la rentabilidad para esas instalaciones se situará entre el 5% y el 9%, en función de su antigüedad, su tamaño y su estrategia de venta de la electricidad que produzca.
En concreto, AEE y Appa pedían una banda de precios que se situara entre los 67 y los 93 euros para cada megavatio hora producido por un parque eólico.
El borrador de decreto, sin embargo, fija unos precios que se mueven entre los 55,8 euros (para las instalaciones más grandes y más antiguas) y los 89,1 euros (para parques eólicos pequeños y recién instalados).
Si se tiene en cuenta que los aerogeneradores españoles producirán alrededor de 12,6 millones de megavatios hora en 2009, el decreto disminuirá en unos cien millones de euros los ingresos anuales del sector respecto a lo solicitado.
Según el lobby renovable, “el nuevo régimen retributivo propuesto reduce la rentabilidad de la gran mayoría de las instalaciones de generación a niveles muy inferiores a los establecidos y hace inviables las inversiones en el grueso de las instalaciones futuras”.
Según el comunicado, el sector se ve abocado a “la crisis y la deslocalización” y será imposible cumplir el objetivo de duplicar el parque eólico español entre 2006 y 2011.
Sustituir la producción eólica por otras instalaciones más contaminantes “puede costar al consumidor español más de mil millones de euros por las más de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que se emitirían en sustitución de los nueve mil megavatios eólicos pendientes de instalación y de otras energías renovables afectadas”.
Procedimiento
El borrador de decreto sobre la retribución a las energías renovables ha sido enviado por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que elaborará un informe consultivo, tras escuchar a las partes interesadas.
Después de examinar el documento de la CNE, Industria elevará una propuesta definitiva al Consejo de Ministros, que dará vía libre para la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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