Se trata del negocio más grande de 2006. Y no es una exageración. Todo a punta a que será superior a la venta del Bancafé, que gracias al duelo de los grupos financieros Bolívar (Davivienda) y Aval (Banco de Bogotá) alcanzó los 2,2 billones de pesos. Se dice que la subasta de Ecogás superaría esa cifra, como mínimo, en unos 300.000 millones de pesos.
No son cálculos a la ligera. Parten de la base de que los fondos de pensiones ofrecieron 1,96 billones de pesos por Ecogás y no les alcanzó con esa plata para comprarla. Ahora nadie quiere que le pase lo mismo y, como dicen popularmente, le quede faltando un centavo para el peso. Por eso todo indica que la puja de este miércoles arrancará sobre los 2,1 billones de pesos, que sería el precio mínimo establecido por el gobierno nacional, aunque oficialmente esa cifra todavía permanece en secreto.
Que esas cábalas se cumplan depende de qué tanto pujen las únicas dos firmas que participarán en el proceso: la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y Promigás. La primera es desde 1997 una gran holding del sector energético colombiano. En la actualidad tiene un portafolio de inversiones en importantes empresas de este sector, entre las que se destacan Codensa (51 por ciento), Emgesa (51 por ciento), Gas Natural (18 por ciento) y la Empresa Electrificadora del Meta (16 por ciento), entre otras. En el negocio de transporte de gas natural tiene a Transcogás, una joven compañía fundada en 1998 que abastece de este hidrocarburo a 15 municipios del altiplano cundiboyacense.
Su contendor es Promigás, una de las compañías con más tradición en el transporte de gas en Colombia. Además de ser el prestador número uno del servicio en la Costa Atlántica, tiene presencia y participación en otras compañías transportadoras en el resto de Colombia: Transoccidente (56 por ciento), Transmetano (97 por ciento) y Transoriente (20 por ciento). Según el senador Hugo Serrano, de ganarse la puja por Ecogás, la compañía Promigás se convertirá en el único transportador de gas en Colombia. "Sería un monopolio peligroso", escribió el congresista en una carta enviada el jueves pasado al ministro de Minas, Hernán Martínez. "Al posible monopolio del transporte del gas se sumaría el del oligopolio de la producción, hoy en manos de la BP, Ecopetrol y Chevron Texaco", advirtió Serrano.
¿Es eso cierto? ¿Existe el riesgo real de que el transporte de gas natural quede en un ciento por ciento en manos de un particular, con graves incidencias en los sectores de distribución y comercialización?
El negocio
Promigás fue constituida en 1976 para construir una red que unió los campos de gas en la Costa Atlántica con redes de distribución en Barranquilla y Cartagena. Sus dueños son todos jugadores del sector privado: Prisma Energy (una subsidiaria que pertenece completamente a la quebrada Enron), el Grupo Sarmiento, Amalfi, Protección e Inversiones Harinera del Valle.
La compañía transporta y opera 2.286 kilómetros de gasoductos, con una capacidad del transporte de 480 millones de pies cúbicos diarios. Adicionalmente, opera 1.000 kilómetros de gasoductos de terceros y mediante su propia infraestructura distribuye el energético a 1,3 millones de usuarios finales (aproximadamente siete millones de personas), en 174 municipios.
Promigás es dueño de las también transportadoras Transoccidente y Transmetano, y tiene una quinta parte de las acciones de Transoriente. Por eso, si adquiere Ecogás, quedaría prácticamente como el único transportador de gas en Colombia.
Esto, sin embargo, no está prohibido por la ley. No existe ningún impedimento en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios que le impida tener el monopolio de la distribución de gas. De hecho, actualmente Promigás ya es un monopolio en la Costa Atlántica, como lo explicó su presidente, Antonio Celia, a SEMANA. De quedarse con Ecogás se convertiría en una especie de ISA (Interconexión Eléctrica S. A.), pero de gas.
Por eso el problema no radica allí. La preocupación que existe no es legal sino de política energética. Promigás, además de tener el negocio de la distribución del gas, está presente en otras actividades de la cadena de valor de la industria del gas natural en Colombia. En distribución, por ejemplo, es dueña de las estaciones de servicio Terpel. En comercialización, es accionista de Surtigás (80 por ciento), Gases de Occidente (66 por ciento), Gases del Caribe (30 por ciento) y Gas Natural (0,3 por ciento). Además, a través de Gases del Caribe y Surtigás, Promigás tiene participación en Gases de Risaralda, Gases del Quindío, Gas Natural de Centro, Gases de La Guajira, Gases de Occidente y Gas Natural de Oriente.
Como quien dice, en sus manos se está concentrando no sólo la propiedad horizontal, sino también tres de los cuatros eslabones de la cadena de gas natural (sólo le falta la producción). Y aunque eso no se lo prohíbe a Promigás la ley, sí genera preocupación en todas partes por razones de competencia. Si bien es cierto que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tiene dentro de sus funciones vigilar a los monopolios y ponerle límites a la tarifas, también es cierto que el espíritu de la Ley 142 es promover la competencia siempre y cuando sea posible.
En otras palabras, la pregunta de fondo es por qué si el gobierno debe promover la competencia no lo hizo en este caso. La razón es sencilla: no tenía la potestad legal para evitar que Promigás participara en el proceso.
Si bien la ley no impide la existencia de monopolios en la distribución, ni tampoco la integración vertical en empresas de gas que hayan sido constituidas antes del año 94, las comisiones de regulación sí tienen la potestad de romperlos si es necesario hacerlo. La Creg podría, por ejemplo, obligar a Promigás a escindir sus empresas en caso de que gane la subasta del miércoles. Así sucedió en Estados Unidos cuando la empresa de telecomunicaciones ATT concentró tanto poder a lo largo de la cadena, que el Estado la obligó a dividirse en tres. Y así también sucedió con las empresas eléctricas del país, gracias a la Ley 143 o ley eléctrica. De hecho, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) era en 1997 una compañía integrada verticalmente. Hoy está dividida en tres: la actividad de generación es realizada por Emgesa; la de distribución y comercialización, por Codensa, y la de Transmisión, por la EEB.
Aún puede ser temprano plantear esa opción. Como lo dice Celia, no hay evidencia de que el monopolio de Promigás en la Costa Atlántica haya sido perjudicial para los consumidores de esa región. Y más incluso, puede quedarse la EEB con el negocio, y la discusión sería otra. Pero, de todos modos, un principio económico fundamental es que los monopolios, privados o públicos, rara vez son lo ideal.
Semana
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