El gobierno argentino defendió hoy la millonaria multa que impuso la víspera a la petrolera anglo-holandesa Shell por desabastecimiento de gasolina en varias de sus estaciones de servicio.
Simplemente aplicamos la ley frente a un caso de manifiesta retención de un producto, porque los mercados libres también suponen reglas que cumplir, afirmó el jefe de gabinete ministerial, Alberto Fernández.
El jefe de los ministros se refirió así a la sanción de 23 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares) aplicada contra la transnacional europea por la Secretaría de Comercio Interior, ante la falta de combustible en 23 gasolineras de este país austral.
Fernández dijo a la capitalina Radio 10 que en algún momento hay que empezar a exigir a las empresas radicadas en Argentina sus compromisos con aquellas comunidades en las cuales se desarrollan, tal como ocurre en el mundo entero.
Los mercados libres también suponen reglas a cumplir y una de ellas es que, aquel que oferta, no puede retener un producto buscando una ventaja o una mejor oportunidad para vender, menos aún cuando se trata de un servicio como el combustible, aseveró.
Admitió lo inusual de que en Argentina se apliquen ahora medidas establecidas hace tiempo en otras naciones, pero -advirtió-, llegó el momento de corregir las irregularidades del mercado.
La multa a Shell surgió a partir de la detección de una anomalía en el suministro en varias de sus estaciones en esta capital, su periferia y en las provincias de Entre Ríos y Chaco, indicó la mencionada Secretaría de Estado en un comunicado.
En octubre último, el gobierno del presidente Néstor Kirchner emitió una resolución que lo faculta a aplicar penas y clausuras a las empresas de hidrocarburos.
Esa disposición contempla, incluso, hasta tres meses de prisión para los directivos de esas compañías que no garanticen un adecuado suministro de carburantes.
Además, obliga a las petroleras a cumplir pautas de provisión de combustible en los mismos niveles del pasado año, más lo necesario para atender el incremento de la demanda y habilita al Estado a prohibir la exportación.
Para fijar el monto del castigo, la administración Kirchner tuvo en cuenta la dimensión económica de la firma, la trascendencia socioeconómica de la infracción y la necesidad de satisfacer las demandas de la población, precisó el texto oficial.
En marzo de 2005, el propio jefe de Estado convocó a sus compatriotas a realizar un boicot contra el consorcio anglo-holandés, luego de incrementar los precios de sus productos.
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