El ex Superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sáinz, reconoció hoy que se equivocó en sus apreciaciones y cálculos respecto al contrato que se iba a suscribir entre la empresa Iberoamérica y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
"Indudablemente en este caso se cometió un error por parte de la Superintendencia y personalmente yo desconocía esa situación cuando firmé la resolución", manifestó la ex autoridad.
El 21 de julio del pasado año, la Superintendencia de Hidrocarburos emitió una resolución sobre supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre YPFB y la empresa Iberoamérica Trading, con un daño económico al país de dos millones de dólares.
La Resolución Administrativa 1014/2006, emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos en sus artículos resolutivos disponía rechazar la solicitud de permiso de exportación de 2.000 barriles diarios de petróleo, además, se mencionaba que en los documentos presentados por Iberoamérica se habrían evidenciado indicios de infracciones al ordenamiento jurídico vigente.
Para el ex superintendente, el error que se cometió fue en el cálculo específico sobre las pérdidas de impuestos y regalías ya que los técnicos desconocían el decreto supremo sobre el cual el Ministerio de Hidrocarburos y Energía tenía que hacer los cálculos correspondientes.
"Yo estuve trabajando y velando por los intereses del país, no defendí interés de nadie, sin embargo, me hicieron "pisar el palito", fue mi falta de experiencia pero el error lo cometieron los técnicos a la cabeza de Ramiro Ergueta que desconocía el decreto de regulación. Si se hubiera tomado en cuenta esa norma, obviamente se iba a evidenciar que el daño era cero para el país", dijo la ex autoridad.
El principal afectado por esta situación fue el ex presidente de YPFB, Jorge Alvarado quien fue acusado por la Superintendencia de Hidrocarburos de haber intentado comprar diesel a una empresa brasileña ocasionando un millonario daño al Estado, pero, la Fiscalía informó que no se encontró delito alguno por lo que dispuso el archivo del caso.
La Fiscalía emitió una resolución rechazando la denuncia formulada por la Superintendencia contra Alvarado. Según la justicia no se evidenció uno de los elementos fundamentales de la denuncia: el daño al Estado. El fiscal Alberto Villegas, manifestó que al no haberse ejecutado el contrato no hubo daño al país. "No hay delito que investigar", aseveró.
"Indudablemente en este caso se cometió un error por parte de la Superintendencia y personalmente yo desconocía esa situación cuando firmé la resolución", manifestó la ex autoridad.
El 21 de julio del pasado año, la Superintendencia de Hidrocarburos emitió una resolución sobre supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre YPFB y la empresa Iberoamérica Trading, con un daño económico al país de dos millones de dólares.
La Resolución Administrativa 1014/2006, emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos en sus artículos resolutivos disponía rechazar la solicitud de permiso de exportación de 2.000 barriles diarios de petróleo, además, se mencionaba que en los documentos presentados por Iberoamérica se habrían evidenciado indicios de infracciones al ordenamiento jurídico vigente.
Para el ex superintendente, el error que se cometió fue en el cálculo específico sobre las pérdidas de impuestos y regalías ya que los técnicos desconocían el decreto supremo sobre el cual el Ministerio de Hidrocarburos y Energía tenía que hacer los cálculos correspondientes.
"Yo estuve trabajando y velando por los intereses del país, no defendí interés de nadie, sin embargo, me hicieron "pisar el palito", fue mi falta de experiencia pero el error lo cometieron los técnicos a la cabeza de Ramiro Ergueta que desconocía el decreto de regulación. Si se hubiera tomado en cuenta esa norma, obviamente se iba a evidenciar que el daño era cero para el país", dijo la ex autoridad.
El principal afectado por esta situación fue el ex presidente de YPFB, Jorge Alvarado quien fue acusado por la Superintendencia de Hidrocarburos de haber intentado comprar diesel a una empresa brasileña ocasionando un millonario daño al Estado, pero, la Fiscalía informó que no se encontró delito alguno por lo que dispuso el archivo del caso.
La Fiscalía emitió una resolución rechazando la denuncia formulada por la Superintendencia contra Alvarado. Según la justicia no se evidenció uno de los elementos fundamentales de la denuncia: el daño al Estado. El fiscal Alberto Villegas, manifestó que al no haberse ejecutado el contrato no hubo daño al país. "No hay delito que investigar", aseveró.
No comments:
Post a Comment