by Rocco Marotta
Es posible que un manual escolar de historia a finales de este siglo , al resumir el momento que estamos en tren de vivir, diga que queriendo construir el imperio en la fase final del periodo en que el petróleo era el combustible dominante, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, buscó apoderarse de las fuentes principales de ese hidrocarburo: en Irak mediante una invasión y una guerra desgastadora, y en Canadá a través de secretas maniobras políticas.
No hay mucho futurismo en esta previsión porque detrás de la decisión de Bush de enviar 21 mil soldados más a Irak “para estabilizar la situación” a corto plazo está, como alertó Greg Muttit –quien estudia la política petrolera iraquí desde la invasión estadunidense a través de la organización Platform–, la inminente adopción por la Asamblea Nacional y el gobierno de Irak de una Ley de Hidrocarburos confeccionada bajo la supervisión de Washington y las firmas petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña para privatizar toda nueva explotación en ese país, que cuenta con reservas probadas y fácilmente accesibles de entre 110 y 120 mil millones de barriles de petróleo, y quizás más en reservas posibles, sin contar el gas natural. El petróleo fue nacionalizado en Irak en 1972.
En Canadá, por otra parte, la emisión de asuntos públicos Zone Libre de la difusora estatal Radio-Canadá, reveló que en una reunión secreta en enero de 2006, poco después que Bush puso el objetivo de “reducir dramáticamente las importaciones de petróleo de Oriente Medio” para “convertir en cosa del pasado” la dependencia del petróleo de esa región, la Administración de Bush planeó, junto con funcionarios canadienses y directivos de empresas petroleras, aumentar rápidamente de uno a cinco millones de barriles diarios la producción de petróleo a partir de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta. Para lograr ese aumento tan rápido se determinó la necesidad de “racionalizar” las regulaciones ambientales de los nuevos proyectos.
En realidad, según esta y otras informaciones, Bush y su vicepresidente Dick Cheney quieren que Canadá –un aliado cercano, seguro y estable abastezca hasta 50 por ciento de las importaciones de petróleo en 2015, reemplazando el que dejará de llegar de Oriente Medio.
No hay contradicción entre buscar el control privado de las reservas petroleras iraquíes y querer reducir las importaciones de Oriente Medio para reemplazarlas con las canadienses. En realidad la casi totalidad del petróleo de esa región, incluyendo el iraquí —hasta que se adopte la nueva Ley de Hidrocarburos—, es producido por empresas estatales o bajo control estatal, y su exportación sujeta a las políticas de gobiernos y a las regulaciones de la OPEP.
La privatización de los nuevos yacimientos que entren en operación en Irak y su control por empresas como Exxon, BP, Shell, Halliburton, Chevron y Conoco, por ejemplo, creará la más importante fuente de petróleo similar –en importancia y calidad– al de la región del Golfo Pérsico, y libre de las decisiones estatales de los países de la región, como es el caso en las arenas bituminosas canadienses que son explotadas por las mismas empresas multinacionales y canadienses interesadas en los yacimientos iraquíes.
La estrategia de Bush de “levantar una polvareda” sobre el refuerzo de las tropas en Irak para fortalecer al Ejercito iraquí y entonces poder retirar a las fuerzas estadunidenses, que no ha convencido ni siquiera a los republicanos en el Congreso, ha tenido éxito en desviar la atención del proceso, dentro de Irak, que permitirá adoptar sin debate la privatización del petróleo, el objetivo principal de Bush y Cheney, los hombres que desde la Casa Blanca están garantizando los intereses de los magnates del petróleo, como apunta Gene McIntyre en el Statesman Journal de Oregon.
La estrategia de ambos, objetivo de una reunión secreta del vicepresidente Cheney en la Casa Blanca en 2001 con los ejecutivos de las grandes firmas petroleras, es revertir donde sea posible la nacionalización del petróleo y abrirle el campo a los intereses petroleros privados. Ese fue el objetivo para invadir a Irak y la línea que el Fondo Monetario Internacional impuso en la renegociaciones de la deuda iraquí poco después de la invasión, como apunta Joshua Holland, de Alexander’s Gas and Oil Connection.
Kevin Phillips, un republicano que fue consejero de Richard Nixon, afirma que las petroleras estadunidenses y británicas mantuvieron fuertes presiones sobre Washington y Londres para que se aplicaran las sanciones de la ONU contra Irak, por la invasión de Kuwait en 1991, de manera que Sadam Husein no pudiera llevar a cabo su plan de otorgar concesiones petroleras a Francia, Rusia y China.
La invasión de Irak para privatizar el petróleo era ya el asunto que interesaba a Cheney, en esa época ejecutivo de la petrolera Halliburton.
Los sondeos realizados en Irak muestran una aplastante oposición de los iraquíes a la privatización de la riqueza que constituye 95 por ciento de la economía nacional, pero la violencia cotidiana, las preocupaciones para sobrevivir, el control estadunidense y la inoperancia de la Asamblea Nacional y del gobierno iraquí, han alejado el debate político y social sobre esa privatización anunciada.
La política de reforzar Bagdad con los 21 mil soldados estadunidenses y seis mil soldados de la milicia kurda —que ni siquiera hablan el árabe—, para lanzar ofensivas contra las milicias chiies y suníes en la capital y sus alrededores atraerá la atención periodística en los próximos meses, mientras en lo “oscurito” y al abrigo de la “zona verde” se adopta la Ley de Hidrocarburos.
En Canadá, donde el cambio climático pasó a ser la obsesión de los votantes, el plan de quintuplicar la producción de petróleo no contará con muchos apoyos y se convertirá en un importante terreno de la lucha política y electoral.
MILENIO
Es posible que un manual escolar de historia a finales de este siglo , al resumir el momento que estamos en tren de vivir, diga que queriendo construir el imperio en la fase final del periodo en que el petróleo era el combustible dominante, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, buscó apoderarse de las fuentes principales de ese hidrocarburo: en Irak mediante una invasión y una guerra desgastadora, y en Canadá a través de secretas maniobras políticas.
No hay mucho futurismo en esta previsión porque detrás de la decisión de Bush de enviar 21 mil soldados más a Irak “para estabilizar la situación” a corto plazo está, como alertó Greg Muttit –quien estudia la política petrolera iraquí desde la invasión estadunidense a través de la organización Platform–, la inminente adopción por la Asamblea Nacional y el gobierno de Irak de una Ley de Hidrocarburos confeccionada bajo la supervisión de Washington y las firmas petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña para privatizar toda nueva explotación en ese país, que cuenta con reservas probadas y fácilmente accesibles de entre 110 y 120 mil millones de barriles de petróleo, y quizás más en reservas posibles, sin contar el gas natural. El petróleo fue nacionalizado en Irak en 1972.
En Canadá, por otra parte, la emisión de asuntos públicos Zone Libre de la difusora estatal Radio-Canadá, reveló que en una reunión secreta en enero de 2006, poco después que Bush puso el objetivo de “reducir dramáticamente las importaciones de petróleo de Oriente Medio” para “convertir en cosa del pasado” la dependencia del petróleo de esa región, la Administración de Bush planeó, junto con funcionarios canadienses y directivos de empresas petroleras, aumentar rápidamente de uno a cinco millones de barriles diarios la producción de petróleo a partir de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta. Para lograr ese aumento tan rápido se determinó la necesidad de “racionalizar” las regulaciones ambientales de los nuevos proyectos.
En realidad, según esta y otras informaciones, Bush y su vicepresidente Dick Cheney quieren que Canadá –un aliado cercano, seguro y estable abastezca hasta 50 por ciento de las importaciones de petróleo en 2015, reemplazando el que dejará de llegar de Oriente Medio.
No hay contradicción entre buscar el control privado de las reservas petroleras iraquíes y querer reducir las importaciones de Oriente Medio para reemplazarlas con las canadienses. En realidad la casi totalidad del petróleo de esa región, incluyendo el iraquí —hasta que se adopte la nueva Ley de Hidrocarburos—, es producido por empresas estatales o bajo control estatal, y su exportación sujeta a las políticas de gobiernos y a las regulaciones de la OPEP.
La privatización de los nuevos yacimientos que entren en operación en Irak y su control por empresas como Exxon, BP, Shell, Halliburton, Chevron y Conoco, por ejemplo, creará la más importante fuente de petróleo similar –en importancia y calidad– al de la región del Golfo Pérsico, y libre de las decisiones estatales de los países de la región, como es el caso en las arenas bituminosas canadienses que son explotadas por las mismas empresas multinacionales y canadienses interesadas en los yacimientos iraquíes.
La estrategia de Bush de “levantar una polvareda” sobre el refuerzo de las tropas en Irak para fortalecer al Ejercito iraquí y entonces poder retirar a las fuerzas estadunidenses, que no ha convencido ni siquiera a los republicanos en el Congreso, ha tenido éxito en desviar la atención del proceso, dentro de Irak, que permitirá adoptar sin debate la privatización del petróleo, el objetivo principal de Bush y Cheney, los hombres que desde la Casa Blanca están garantizando los intereses de los magnates del petróleo, como apunta Gene McIntyre en el Statesman Journal de Oregon.
La estrategia de ambos, objetivo de una reunión secreta del vicepresidente Cheney en la Casa Blanca en 2001 con los ejecutivos de las grandes firmas petroleras, es revertir donde sea posible la nacionalización del petróleo y abrirle el campo a los intereses petroleros privados. Ese fue el objetivo para invadir a Irak y la línea que el Fondo Monetario Internacional impuso en la renegociaciones de la deuda iraquí poco después de la invasión, como apunta Joshua Holland, de Alexander’s Gas and Oil Connection.
Kevin Phillips, un republicano que fue consejero de Richard Nixon, afirma que las petroleras estadunidenses y británicas mantuvieron fuertes presiones sobre Washington y Londres para que se aplicaran las sanciones de la ONU contra Irak, por la invasión de Kuwait en 1991, de manera que Sadam Husein no pudiera llevar a cabo su plan de otorgar concesiones petroleras a Francia, Rusia y China.
La invasión de Irak para privatizar el petróleo era ya el asunto que interesaba a Cheney, en esa época ejecutivo de la petrolera Halliburton.
Los sondeos realizados en Irak muestran una aplastante oposición de los iraquíes a la privatización de la riqueza que constituye 95 por ciento de la economía nacional, pero la violencia cotidiana, las preocupaciones para sobrevivir, el control estadunidense y la inoperancia de la Asamblea Nacional y del gobierno iraquí, han alejado el debate político y social sobre esa privatización anunciada.
La política de reforzar Bagdad con los 21 mil soldados estadunidenses y seis mil soldados de la milicia kurda —que ni siquiera hablan el árabe—, para lanzar ofensivas contra las milicias chiies y suníes en la capital y sus alrededores atraerá la atención periodística en los próximos meses, mientras en lo “oscurito” y al abrigo de la “zona verde” se adopta la Ley de Hidrocarburos.
En Canadá, donde el cambio climático pasó a ser la obsesión de los votantes, el plan de quintuplicar la producción de petróleo no contará con muchos apoyos y se convertirá en un importante terreno de la lucha política y electoral.
MILENIO
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