El Consejo Nacional del Movimiento Comunal Nicaragüense acordó iniciar una campaña de protestas que incluye una movilización nacional hacia las oficinas de la transnacional Unión Fenosa, en rechazo a la aprobación del artículo 237, que receta cárcel a las personas que ilegalmente se peguen a los servicios de agua, luz y telefonía.
René Dávila Cabrera, coordinador del Distrito Seis del Movimiento Comunal, confirmó que el Consejo Nacional acordó, además, una campaña hasta lograr que Unión Fenosa deje el país por incumplimiento a sus compromisos contractuales.
“El Estado debe garantizar la producción y distribución de los servicios públicos”, dijo Dávila Cabrera, quien confirmó que uno de los trabajos del Movimiento Comunal será instar al Gobierno de Daniel Ortega a analizar el grado de cumplimiento de Unión Fenosa con los acuerdos de privatización y determinar que abandone el país.
Los dirigentes comunales de todo el país también prevén un análisis jurídico de la norma aprobada a fin de promover un recurso por inconstitucionalidad que sería estudiado en coordinación con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, pero también acordaron exigir al presidente Daniel Ortega, que promueva el veto contra al artículo aprobado.
“El presidente Ortega puede actuar de manera urgente y vetar el artículo 237, tal como hizo Bolaños para aprobar de manera urgente la derogación del artículo sobre el aborto terapéutico”, explicó Carlos Castillo Ruiz, coordinador del Movimiento Comunal en la ciudad de Matagalpa
El agua potable
Los dirigentes comunales reclaman que la política de aguas no fue consultada por los sectores de la sociedad. “No se trata de discutir un chorro de agua”, dijo Enrique Picado, miembro del Consejo Nacional, quien llamó a la presidenta de Enacal, Ruth Selma Herrera, a ver la problemática del agua de forma integral.
Los dirigentes coincidieron en afirmar que aún no desaparece el fantasma de la privatización del agua en el país, y ejemplificaron el caso de Matagalpa, donde aún se mantiene la concesión que el gobierno anterior otorgó a una empresa inglesa para efectuar la gestión empresarial de la aguadora local.
“De lo que tratan es crear condiciones para otorgar concesiones a esta empresa inglesa de 25 hasta 50 años”, afirmó Castillo Ruiz
Marchas en todo el país
Contra diputados
Los dirigentes comunales la emprendieron contra los diputados que aprobaron el controversial artículo del Código Penal. “Realmente son padrastros y madrastras de la Patria”, afirmó Nohemí Montenegro, coordinadora del Movimiento Comunal de Ocotal.
“Es sorprendente la actitud de los diputados que no legislan para las clases desprotegidas sino a favor de las transnacionales”, señaló Montenegro, quien llamó la atención alrededor del serio problema que están enfrentando en Nueva Segovia con la escasez de agua.
“La cuenca del río Dipilto se está secando y podría dejar sin agua a unas 35 mil personas”, denunció. Señaló que no hay alternativas para enfrentar el problema del agua por la falta de voluntad de las autoridades locales.
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