La utilización de fondos para el desmantelamiento del parque nuclear en operaciones financieras con otro fines constituye una preocupación para la Comisión Europea y ha sido fuente de confrontaciones en la UE desde que Alemania decidió abandonar esa fuente de energía. Un informe interno sobre la situación de las ayudas de Estado en el sector, elaborado por Bruselas en enero de 2003, advertía, en alusión a ese dinero, de que «una acumulación desproporcionada de recursos» por parte de las eléctricas podría generar «un exceso de liquidez (cash flow), que haría posible la financiación de adquisiciones industriales sin inyecciones adicionales de capital».
Esa situación fue objeto de discusiones intensas durante las negociaciones para la liberalización de los mercados energéticos. Ante la sensibilidad que despertaba el asunto, el Ejecutivo comunitario se comprometió a emitir unas orientaciones sobre la utilización lícita de esos recursos.
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