Con el alto nivel de los precios del petróleo renace la inquietud ciudadana de si, siendo los hidrocarburos propiedad de la nación y existiendo una gran corporación para su manejo -Pemex y empresas subsidiarias- quienes deciden el destino de su excedente de explotación, que en 2005 ascendió a 928.6 mil millones de pesos (cerca de 65% de sus ingresos), representan a cabalidad el interés nacional.
Es enorme la renta de que se despoja a Pemex. Los gastos de operación, excluidas las cargas fiscales, apenas rondan la tercera parte de sus ingresos mientras los derechos, impuestos indirectos y demás gravámenes que maneja la Secretaría de Hacienda, absorben 64% de ellos y representan 40% de los ingresos del gobierno federal. Se trata no sólo de la mayor carga fiscal del país, sino de un sistema tributario peligrosamente petrolizado. Estos hechos han sido ampliamente denunciados y resultan preocupantes ante la disminución de la reserva petrolera.
El artículo 27 constitucional establece que los hidrocarburos son propiedad de la nación; el artículo 25 señala al Estado como rector del desarrollo nacional, responsable de la planeación económica y le confiere el manejo exclusivo de las áreas estratégicas "manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan". Por tanto, no hay duda de que los hidrocarburos son propiedad de la nación; pero Pemex y sus organismos subsidiarios lo son del gobierno federal. ¿Y quiénes lo conforman? Constitucionalmente el supremo poder de la Federación se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El gobierno federal, ¿está integrado por los tres poderes de la Unión o sólo por el Ejecutivo? y de acuerdo con el artículo 80 constitucional el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo y muchos tratadistas lo califican como una mounstruosidad que debe ser objeto de revisión en la reforma del Estado.
En todo caso el Poder Legislativo, depositado en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, tiene importantes atribuciones que desempeñar en cuanto al origen y destino de los recursos públicos. Dada la importancia, el orden de magnitudes y los cuestionables resultados en cuanto al destino de la renta petrolera, es urgente y prioritario considerar medidas que mejoren sustancialmente el manejo responsable y democrático de este vital sector.
Por ello, los ingresos provenientes de estos recursos destinados a agotarse tendrían que canalizarse a aumentar la capacidad productiva del país para que la nación no sufriera una descapitalización, consecuencia del agotamiento de sus riquezas del subsuelo que sería así compensada con un aumento en su capital reproductivo, lo cual se lograría si la renta petrolera se invirtiera en financiar en primer lugar al propio sector, además de carreteras, presas, industrias, fábricas, transportes, o sea extraer la riqueza del subsuelo sí, pero transformarla en capital productivo de bienes y servicios que aumenten el empleo y nivel de vida de la población. La renta petrolera no se ha capitalizado; se ha destinado al gasto corriente en lugar de reformar el sistema impositivo y obligar a quienes detentan los mayores ingresos a tributar en la forma general, equitativa y por tanto progresiva, que marca la Constitución.
Acaba de terminar un foro del Frente Amplio Progresista sobre "El manejo público del sector energético" (Cámara de Diputados: 8-XI al 13-XII de 2006). Hubo un amplio consenso de que si bien no debe haber cambios constitucionales, urgen reformas a la legislación secundaria que eviten su dispendio y creciente privatización, que está ocurriendo utilizando mecanismos simulados como los Pidiregas y Contratos de Servicios Múltiples para financiar sus inversiones. De 1973 a la fecha las finanzas públicas se han petrolizado. Con anterioridad el gasto público se financiaba con impuestos, incluidos los del comercio exterior que han desaparecido con la liberalización y apertura comercial.
Las siguientes propuestas pueden llevarse a la práctica en el corto plazo:
1) Creación de un gabinete de Energía presidido por el secretario del ramo, otras secretarias con interés en la materia y los directores generales de Pemex CFE y Luz y Fuerza del Centro.
2) Que los nombramientos del secretario de Energía y los directores de las empresas paraestatales sean aprobados por mayoría calificada del Senado de la República.
3) Constituir un Consejo Consultivo de Energía, deliberativo y propositivo, donde estaría representada la sociedad organizada con interés en el sector (empresarios, trabajadores, academia y otros) y los poderes legislativos, federal y locales, vinculados al gabinete de Energía a través de un secretariado técnico que tendría una reunión nacional anual.
Esas y otras ideas fueron manejadas en el foro y pronto serán publicadas. Arrecia el debate sobre las reformas de un sector de gran trascendencia para la economía y vida democrática del país.
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