La polémica reforma del Real Decreto 436 de 2004 que regula el sector de las energías renovables puede acabar en los juzgados. El borrador del nuevo decreto propuesto por el Ministerio de Industria se encuentra todavía en fase de consulta en la Comisión Nacional de Energía, pero las mayores compañías afectadas aseguran que si no se modifican los términos del mismo acudirán ante los tribunales.
La reforma propuesta por Industria perjudica especialmente al sector de la energía eólica, al que se le pone un techo y un suelo en la retribución y se le obliga a devolver las primas a partir de un determinado nivel de ganancias. Estos nuevos criterios no sólo afectarían a las nuevas inversiones sino también a las ya existentes. Es justo esta retroactividad es el caballo de batalla de Iberdrola y Acciona, primera y segunda compañías del sector en España, respectivamente, por cuota de mercado.
Según denuncian fuentes de ambas compañías, el Real Decreto 436 de 2004 «dotaba al sector de seguridad jurídica para acometer inversiones» ya que prometía que los parámetros de rentabilidad de mantendrían en el tiempo sin poderse ver afectados por cláusulas de retroactividad. «Confiando en la veracidad de este compromiso del Gobierno, se acometieron un gran número de inversiones que quizás no se habrían llevado a cabo con los nuevos parámetros de rentabilidad». La clave, explican, se encuentra en que la reforma «se ha llevado a cabo a espaldas del sector y de las compañías, de una manera absolutamete unilateral» por lo que no «se dudará de llevar el nuevo decreto ante los tribunales, si el Ministerio de Industria no retira la retroactividad». Ante la justicia expondrán la inseguridad jurídica que, entienden, dimana del cambio de las reglas legales sin previa negociación. De hecho, subrayan que el Real Decreto 436 de 2004 anunciaba una revisión de las normas para el año 2008, con lo que la simple instauración del nuevo decreto en este año entrañaría otra violación de la legislación todavía vigente.
Sobre la retroactividad se posiciona mañana la Comisión Nacional de Energía, cuyo consejo votará si debe tener cabida en el nuevo decreto. Aunque las posiciones están divididas, la mayoría de los consejeros es partidaria de eliminarla de la nueva normativa. El dictamen del organismo regulador no es vinculante pero, junto a las críticas del sector, aumentará la presión para que Industria rectifique.
La reforma propuesta por Industria perjudica especialmente al sector de la energía eólica, al que se le pone un techo y un suelo en la retribución y se le obliga a devolver las primas a partir de un determinado nivel de ganancias. Estos nuevos criterios no sólo afectarían a las nuevas inversiones sino también a las ya existentes. Es justo esta retroactividad es el caballo de batalla de Iberdrola y Acciona, primera y segunda compañías del sector en España, respectivamente, por cuota de mercado.
Según denuncian fuentes de ambas compañías, el Real Decreto 436 de 2004 «dotaba al sector de seguridad jurídica para acometer inversiones» ya que prometía que los parámetros de rentabilidad de mantendrían en el tiempo sin poderse ver afectados por cláusulas de retroactividad. «Confiando en la veracidad de este compromiso del Gobierno, se acometieron un gran número de inversiones que quizás no se habrían llevado a cabo con los nuevos parámetros de rentabilidad». La clave, explican, se encuentra en que la reforma «se ha llevado a cabo a espaldas del sector y de las compañías, de una manera absolutamete unilateral» por lo que no «se dudará de llevar el nuevo decreto ante los tribunales, si el Ministerio de Industria no retira la retroactividad». Ante la justicia expondrán la inseguridad jurídica que, entienden, dimana del cambio de las reglas legales sin previa negociación. De hecho, subrayan que el Real Decreto 436 de 2004 anunciaba una revisión de las normas para el año 2008, con lo que la simple instauración del nuevo decreto en este año entrañaría otra violación de la legislación todavía vigente.
Sobre la retroactividad se posiciona mañana la Comisión Nacional de Energía, cuyo consejo votará si debe tener cabida en el nuevo decreto. Aunque las posiciones están divididas, la mayoría de los consejeros es partidaria de eliminarla de la nueva normativa. El dictamen del organismo regulador no es vinculante pero, junto a las críticas del sector, aumentará la presión para que Industria rectifique.
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