En nueve meses de gobierno, el presidente Evo Morales, que ya nacionalizó los hidrocarburos, logró insertar estratégicamente a petroleras estatales de Venezuela y Argentina en el lote de 20 poderosas compañías multinacionales que operan en Bolivia desde hace una década.
El mandatario izquierdista, que acaba de cerrar un multimillonario contrato de provisión de gas a Argentina y que orilla los 50.000 millones de dólares en 20 años, ha resucitado a la compañía de petróleos boliviana (YPFB), para que tutele los negocios del Estado en el mercado internacional.
Mientras intenta que los consorcios extranjeros que gestionaron a discreción la riqueza gasífera boliviana desde 1996 hasta abril pasado se avengan a su política, Morales ha confiado a la estatal argentina Enarsa la exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia. La decisión del gobernante indígena, que considera ideal tratar con la brasileña Petrobras, en tanto empresa predominantemente estatal, está vinculada a la necesidad del Estado de desarrollar nuevos campos de gas y petróleo, en correspondencia a la proyección de convertir al país, el más pobre de Sudamérica, en el motor energético del continente. Un día después de firmar un acuerdo con su par argentino Néstor Kirchner, para que Enarsa prospecte en Bolivia, Morales, que busca primordialmente montar la industria de hidrocarburos en el país, anunció la exploración del noroeste subandino, potencialmente petrolero.
El gobernante, que ha sellado una alianza política de hierro con su par de Venezuela, Hugo Chávez, coloca a la petrolera de ese país en un enclave estratégico: en asociación con YPFB, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) instala refinadoras en Río Grande, el corazón del transporte del gas y crudo bolivianos, en el centro este del país. Petróleos de Venezuela también operará otra planta en el rico oriente boliviano, así como una asfaltadora en el central y cocalero Chapare, donde también se tiene evidencia de la existencia de importantes reservas petroleras.
De hecho Argentina financia con 400 millones de dólares una planta separadora de líquidos en el territorio sudeste de Bolivia.
“Bolivia con su YPFB, Argentina con su Enarsa, Brasil con Petrobras. También tenemos otro aliado con el compañero Hugo Chávez mediante Pdvsa”, pensó en voz alta Morales durante una alocución conmemorativa de los acuerdos con Kirchner el jueves último.
Consonante con la idea de Chávez de articular una petrolera supraestatal en Sudamérica, llamó a “las empresas de Estado a empezar a liberar, a recuperar junto a sus pueblos estos recursos naturales”. Las compañías petroleras que operan desde 1996 en el país, entre otras Petrobras, Repsol (España), Total (Francia) y British Petroleum (Gran Bretaña), se han establecido sobre la cordillera del Aguaragüe, el sur boliviano, que guarda la segunda reserva de gas de Sudamérica: 1,55 billones (millones de millones) de metros cúbicos.
Los consorcios, que entre 1996 y 2001 desarrollaron la industria hidrocarburífera boliviana, con una inversión global que oscila entre los 1.500 y 3.000 millones de dólares, discuten actualmente su adecuación a la nacionalización de Morales.
Animado tras el acuerdo con Argentina, Morales va en procura de definir la situación de Petrobras, la más reacia a adoptar la nacionalización boliviana, y ahora conmina, o poco menos que eso, a las otras compañías a suscribir su política estrella que prescribe 82 % del negocio para el Estado y el restante 18 % para privados.
“Las empresas petroleras que siguen operando tienen la obligación de respetar las leyes bolivianas, especialmente el decreto supremo de nacionalización” y adherirlo hasta fines de octubre, urgió el gobernante.
En tanto, su ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, ratificó que el gobierno “no ha considerado la posibilidad de un aplazamiento” y que las empresas que no hayan regularizado su situación en Bolivia hasta entonces no podrán operar más.
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